Para que cualquier habitante de la España rural tenga a un máximo de 30 minutos de distancia de su hogar servicios públicos básicos, la
Secretaría General de Reto Demográfico ha encargado un estudio que persigue determinar las carencias de las zonas menos pobladas. “Hemos dividido el país en 600 áreas funcionales, es un trabajo que hemos hecho con big data para ver cómo se mueve la gente, cómo accede a la sanidad y a la educación, dónde compra, dónde consume cultura... Hemos identificado 43 indicadores para saber cuál es la situación socioeconómica en cada uno de estos territorios, lo que nos dará una radiografía bastante exacta de la situación”, explica Francesc Xavier Boya. secretario general para el Reto Demográfico. En Catalunya, las áreas funcionales coinciden “aproximadamente” con las comarcas.
“Lo importante es que estamos situando el mundo rural en una centralidad, en la agenda política, porque es en este ámbito donde se dirimen varias batallas, la de la crisis demográfica, las energías renovables, la gestión de los bosques, la alimentación de proximidad..., que son soberanías estratégicas que no se podrán gestionar sin un medio rural habitado”, añade Boya, que anteriormente había sido síndico de Aran. Un elemento principal de la nueva Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico es detectar las necesidades en las citadas 600 áreas y proponer soluciones para que sus habitantes disfruten de más calidad de vida y tengan más oportunidades.
Para que cualquier habitante de la España rural tenga a un máximo de 30 minutos de distancia de su hogar servicios públicos básicos, la Secretaría General de Reto Demográfico ha encargado un estudio que persigue determinar las carencias de las zonas menos pobladas. “Hemos dividido el país en 600 áreas funcionales, es un trabajo que hemos hecho con big data para ver cómo se mueve la gente, cómo accede a la sanidad y a la educación, dónde compra, dónde consume cultura... Hemos identificado 43 indicadores para saber cuál es la situación socioeconómica en cada uno de estos territorios, lo que nos dará una radiografía bastante exacta de la situación”, explica Francesc Xavier Boya. secretario general para el Reto Demográfico. En Catalunya, las áreas funcionales coinciden “aproximadamente” con las comarcas.
“Lo importante es que estamos situando el mundo rural en una centralidad, en la agenda política, porque es en este ámbito donde se dirimen varias batallas, la de la crisis demográfica, las energías renovables, la gestión de los bosques, la alimentación de proximidad..., que son soberanías estratégicas que no se podrán gestionar sin un medio rural habitado”, añade Boya, que anteriormente había sido síndico de Aran. Un elemento principal de la nueva Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico es detectar las necesidades en las citadas 600 áreas y proponer soluciones para que sus habitantes disfruten de más calidad de vida y tengan más oportunidades.
La primera Estrategia Nacional para el Reto Demográfico, aprobada por el Consejo de Ministros en el 2019, desarrolló un plan de 130 medidas que movilizó 13.000 millones de euros para revertir la pérdida de población en la España rural. Las cifras que maneja esta secretaría general indican que desde el 2018 los municipios pequeños han ganado alrededor de 350.000 habitantes frente a la pérdida de 100.000 en el periodo 2012-2017.
Uno de los grandes escollos para fomentar la llegada de nuevos vecinos y retener a los jóvenes en edad de emanciparse es el déficit de vivienda. Este hecho es muy evidente en destinos de montaña catalanes donde tienen un peso importante las segundas residencias, como la Cerdanya o la Val d’Aran. “Se ha desequilibrado mucho el parque de la vivienda a favor de la segunda residencia y debe ponerse freno, pero, por otro lado, las zonas con turismo son las que tienen las pirámides poblacionales más equilibradas, con más jóvenes; en las zonas de montaña la ganadería no ha tenido capacidad de retención de sus habitantes”, indica.
A la espera de concretar la nueva Estrategia frente al Reto Demográfico, Boya asume que debería aplicarse una suerte de discriminación positiva a los pueblos pequeños, en la línea de algunas de las propuestas del estatuto de municipios rurales que entró hace unos meses en el Parlament de Catalunya. “Estoy rotundamente a favor de la simplificación administrativa -subraya–, de la flexibilización de la normativa urbanística para la construcción de viviendas, de medidas fiscales que faciliten el emprendimiento...”.
