El Observatorio del Alquiler destaca un fuerte contraste en España: los municipios de menos de 10.000 habitantes concentran casi la mitad de los 3,8 millones de viviendas vacías del país, pero esto no alivia la crisis de vivienda urbana, ya que están donde no hay demanda.
La continuidad del éxodo urbano durante el inicio del nuevo milenio concentra ya al 70% de la población española en las grandes capitales y áreas metropolitanas y deja a la España rural en una situación delicada. Lo denuncia el Observatorio del Alquiler en su informe Poblaciones en peligro: acceso a la vivienda y pérdida de dotaciones, que muestra una de las grandes contradicciones territoriales que afronta España: mientras una amplia parte del territorio pierde población y acumula viviendas vacías, las grandes áreas urbanas crecen con fuerza y sufren una creciente falta de vivienda disponible.
Así las cosas, el 84% del territorio español concentra apenas el 16% de la población y reúne una parte significativa de las viviendas vacías -un 14,4% del parque residencial nacional-. En el extremo opuesto, las principales áreas urbanas han aumentado su población en más de seis millones de personas desde 2001 y concentran ya al 70% de los habitantes del país, generando una fuerte presión sobre el mercado residencial.
El informe concluye que la despoblación y la dificultad de acceso a la vivienda no son fenómenos independientes, sino dos caras de un mismo modelo de crecimiento desequilibrado: un territorio que se vacía frente a otro que se densifica hasta tensionar sus recursos.
Según el informe del Observatorio impulsado por la Fundación Alquiler Seguro, en los municipios de menos de 100 habitantes, hasta el 70% del parque residencial permanece vacío o tiene un uso muy ocasional. En aquellos con entre 100 y 500 habitantes, esta proporción alcanza el 57%. En conjunto, los municipios de menos de 10.000 habitantes, donde reside algo más del 20% de la población, concentran el 45% del total de 3,8 millones de viviendas vacías que existene en nuestro país.
Sin embargo, ese volumen de viviendas no se traduce en una oferta real de alquiler. Según un estudio de la Asociación para el Desarrollo Rural Integral de las Tierras del Jiloca y Gallocanta (Aragón), más del 55% de las personas que buscaron alquilar una vivienda en pueblos de menos de 1.000 habitantes en 2020 no lo consiguieron y acabaron desistiendo.
Entre las causas de este bloqueo se encuentran el fuerte arraigo de la propiedad frente al alquiler, el deterioro de muchos inmuebles, el vínculo emocional de los propietarios con las viviendas y la fragmentación de la titularidad debido a procesos hereditarios.
El 84% del territorio español alberga únicamente al 16% de la población. De los 8.132 municipios existentes, 4.975 -el 61,2%- cuentan con menos de 1.000 habitantes, y casi la mitad del conjunto nacional se sitúa por debajo del umbral europeo considerado de riesgo de despoblación: 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.
La pérdida de población tiene un impacto directo sobre la sostenibilidad de estos municipios. La reducción de la base fiscal y la menor demanda provocan el cierre progresivo de servicios esenciales: entre 2012 y 2016 desaparecieron 311 oficinas postales rurales, más de 250 centros de educación infantil y primaria han cerrado en la última década, y el número de centros de salud y consultorios alcanzó en 2023 su mínimo histórico.
En el lado contrario se encuentran las grandes áreas urbanas, que han incorporado más de seis millones de habitantes desde 2001 y concentran actualmente el 70% de la población española. Este crecimiento demográfico ha aumentado la presión sobre el mercado inmobiliario, especialmente en el alquiler, donde la oferta existente no ha sido capaz de absorber el incremento de la demanda.
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