martes, 30 de junio de 2026

La España rural concentra casi la mitad de las viviendas vacías en España




El Observatorio del Alquiler destaca un fuerte contraste en España: los municipios de menos de 10.000 habitantes concentran casi la mitad de los 3,8 millones de viviendas vacías del país, pero esto no alivia la crisis de vivienda urbana, ya que están donde no hay demanda.


La continuidad del éxodo urbano durante el inicio del nuevo milenio concentra ya al 70% de la población española en las grandes capitales y áreas metropolitanas y deja a la España rural en una situación delicada. Lo denuncia el Observatorio del Alquiler en su informe Poblaciones en peligro: acceso a la vivienda y pérdida de dotaciones, que muestra una de las grandes contradicciones territoriales que afronta España: mientras una amplia parte del territorio pierde población y acumula viviendas vacías, las grandes áreas urbanas crecen con fuerza y sufren una creciente falta de vivienda disponible.

Así las cosas, el 84% del territorio español concentra apenas el 16% de la población y reúne una parte significativa de las viviendas vacías -un 14,4% del parque residencial nacional-. En el extremo opuesto, las principales áreas urbanas han aumentado su población en más de seis millones de personas desde 2001 y concentran ya al 70% de los habitantes del país, generando una fuerte presión sobre el mercado residencial.

El informe concluye que la despoblación y la dificultad de acceso a la vivienda no son fenómenos independientes, sino dos caras de un mismo modelo de crecimiento desequilibrado: un territorio que se vacía frente a otro que se densifica hasta tensionar sus recursos.

Según el informe del Observatorio impulsado por la Fundación Alquiler Seguro, en los municipios de menos de 100 habitantes, hasta el 70% del parque residencial permanece vacío o tiene un uso muy ocasional. En aquellos con entre 100 y 500 habitantes, esta proporción alcanza el 57%. En conjunto, los municipios de menos de 10.000 habitantes, donde reside algo más del 20% de la población, concentran el 45% del total de 3,8 millones de viviendas vacías que existene en nuestro país.

Sin embargo, ese volumen de viviendas no se traduce en una oferta real de alquiler. Según un estudio de la Asociación para el Desarrollo Rural Integral de las Tierras del Jiloca y Gallocanta (Aragón), más del 55% de las personas que buscaron alquilar una vivienda en pueblos de menos de 1.000 habitantes en 2020 no lo consiguieron y acabaron desistiendo.

Entre las causas de este bloqueo se encuentran el fuerte arraigo de la propiedad frente al alquiler, el deterioro de muchos inmuebles, el vínculo emocional de los propietarios con las viviendas y la fragmentación de la titularidad debido a procesos hereditarios.

El 84% del territorio español alberga únicamente al 16% de la población. De los 8.132 municipios existentes, 4.975 -el 61,2%- cuentan con menos de 1.000 habitantes, y casi la mitad del conjunto nacional se sitúa por debajo del umbral europeo considerado de riesgo de despoblación: 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.

La pérdida de población tiene un impacto directo sobre la sostenibilidad de estos municipios. La reducción de la base fiscal y la menor demanda provocan el cierre progresivo de servicios esenciales: entre 2012 y 2016 desaparecieron 311 oficinas postales rurales, más de 250 centros de educación infantil y primaria han cerrado en la última década, y el número de centros de salud y consultorios alcanzó en 2023 su mínimo histórico.

En el lado contrario se encuentran las grandes áreas urbanas, que han incorporado más de seis millones de habitantes desde 2001 y concentran actualmente el 70% de la población española. Este crecimiento demográfico ha aumentado la presión sobre el mercado inmobiliario, especialmente en el alquiler, donde la oferta existente no ha sido capaz de absorber el incremento de la demanda.





viernes, 26 de junio de 2026

El laberinto de la sed: la ineptitud burocrática ahoga a los pueblos de Segovia



Abrir el grifo y que salga agua limpia es un gesto cotidiano que la mayoría de la sociedad da por sentado. Sin embargo, para miles de vecinos en la provincia de Segovia, este acto elemental se ha convertido en una lotería, un lujo o, directamente, en un motivo de profunda indignación popular. La crisis hídrica que azota a nuestros pueblos no es una consecuencia inevitable del cambio climático o de la sequía; es el reflejo de una ineptitud crónica, una alarmante falta de previsión y el pasotismo burocrático de unas administraciones estatales, autonómicas y locales que parecen más ocupadas en lanzarse reproches mutuos que en enterrar tuberías.

La falta de agua potable en Segovia no es un problema aislado: es un mal sistémico. Los casos más recientes y los históricos configuran un mapa de la desidia institucional que asfixia al medio rural.


El Espinar: querellas, palés de botellas y el grifo cerrado por decreto

El ejemplo más flagrante y actual de este sinsentido administrativo lo sufre El Espinar, junto a los vecinos de la Mancomunidad de la Mujer Muerta y varios barrios de Segovia capital. De la noche a la mañana, miles de hogares se enfrentan a un corte inminente del suministro por una carambola surrealista de decisiones de despacho.

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ordenó dejar agotar el gasóleo que alimentaba el sistema de bombeo alternativo desde el embalse de Puente Alta. La respuesta oficial ante la inminente crisis ha sido un clásico de la peor gestión política española: repartir 27 palés de agua embotellada mientras el Ayuntamiento —con el alcalde Javier Figueredo a la cabeza— prepara querellas criminales contra la cúpula de la CHD y amenaza con movilizaciones y cortes de carreteras.

Aunque la CHD se escuda en motivos de seguridad estructural para vaciar la presa de El Tejo y saca pecho por haber invertido 2,2 millones de euros en un sistema alternativo, la realidad sobre el terreno es tozuda: el combustible se apaga, las infraestructuras se quedan inutilizadas y los ciudadanos se quedan sin agua. Cuando la burocracia estatal y la local colisionan, el que paga los platos rotos es siempre el vecino que no puede ni ducharse.


Vellosillo y Duratón: promesas rotas y el silencio por respuesta

Si bajamos al nordeste de la provincia, a las pedanía de Vellosillo y Duratón (Sepúlveda), el panorama ya no es de conflicto abierto, sino de un silencioso y desesperante abandono institucional. En el verano de 2025, los vecinos de esta localidad y de Duratón sufrieron un "apagón hídrico" que los dejó diez días seguidos sin agua corriente. Ante el escándalo, el Ayuntamiento de Sepúlveda y el presidente de la Diputación de Segovia se comprometieron públicamente a construir un depósito de agua esencial antes del verano de 2026.

Un año después, las obras ni han comenzado, ni se las espera. Peor aún: el consistorio sepulvedano ha optado por el mutismo absoluto, ignorando los correos, llamadas y escritos de los vecinos mientras el alcalde esquiva el tema en los medios locales. Una muestra flagrante de cómo se maltrata a la España vaciada, obligándola a mendigar respuestas básicas sobre proyectos vitales para los núcleos que carecen de depósito propio.


Un mapa provincial de la desidia: Aarsénico, nitratos y parches

Lo de El Espinar y Vellosillo no son anécdotas; son los últimos capítulos de una crónica negra que se extiende por toda la geografía segoviana:

  • Lastras de Cuéllar (El símbolo de la vergüenza): Sus habitantes llegaron a encadenar más de seis años consecutivos sin poder beber agua del grifo debido a los altos niveles de arsénico y nitratos en sus acuíferos. Durante más de 2.000 días, la única "solución" de la Junta de Castilla y León y la Diputación fue instalar un grifo público conectado a una potabilizadora portátil donde los vecinos hacían cola con garrafas, evidenciando un retraso burocrático intolerable para ejecutar una nueva red de abastecimiento.

  • Cantimpalos (La paradoja del motor económico): Un municipio conocido internacionalmente por su industria cárnica ha visto truncado su día a día en repetidas ocasiones cuando la Delegación Territorial de Sanidad ha prohibido el consumo humano por contaminación de nitratos. La incapacidad de las administraciones para adelantarse al impacto medioambiental de la agricultura y ganadería intensiva deja a los motores económicos de la provincia en la más absoluta precariedad hídrica.

  • Bernardos y la comarca del Voltoya (La sangría de las fugas): En esta zona, las redes de distribución son tan obsoletas que se registran pérdidas de agua por fugas que superan el 40% o 50% en algunos tramos. En lugar de acometer una renovación integral de las tuberías con fondos autonómicos o estatales, se normaliza el envío de camiones cisterna de la Diputación, un parche carísimo que paga el contribuyente y que no soluciona nada.

  • Ayllón y el turismo estacional (La falta de previsión): Municipios como Ayllón o Riaza ven multiplicada su población en verano. Al no haberse adaptado las infraestructuras ni ampliado la capacidad de los depósitos locales para absorber esta demanda estacional, los ayuntamientos se ven obligados año tras año a emitir bandos de urgencia prohibiendo el riego, el llenado de piscinas o restringiendo el consumo en horas punta.


El patrón de la incompetencia

Al conectar todas las piezas, el patrón de comportamiento de las distintas administraciones del Estado resulta idéntico y predecible:

  1. Reacción tardía: Solo se actúa cuando los niveles de veneno en el agua superan los límites legales o cuando los grifos ya no echan ni una gota.

  2. El juego de la patata caliente: Las Confederaciones Hidrográficas culpan a los ayuntamientos; los ayuntamientos culpan a la Junta por la falta de subvenciones; y la Junta señala al Gobierno central. Nadie asume la culpa, nadie asume la responsabilidad.

  3. La institucionalización del parche: Se ha normalizado que la solución a una crisis de infraestructura básica sea un camión cisterna o un palé de botellas de plástico en la plaza del pueblo.

El agua en Segovia no falta solo porque el cielo no llueva; falta porque no hay una gestión política seria ni una inversión real. Mientras las administraciones sigan enredadas en competencias cruzadas y promesas electorales que se olvidan al llegar el verano, los pueblos de Segovia seguirán secándose ante la indiferencia de los despachos. Un maltrato sistemático a un medio rural al que se le llena la boca defender en los mítines, pero al que se le corta el grifo en la realidad diaria.

Fuente: Gemini





martes, 2 de junio de 2026

La " revolución ciudadana rural" de Cerca Energía en el Alto Jalón




La comunidad energética Cerca Energía entra en una nueva etapa después de cerrar el proyecto europeo Life Jalón y renovar su Consejo Rector, pero lo hace con una idea clara: el camino no termina, sino que empieza ahora su fase de consolidación y crecimiento. José Ángel Zabalegui, coordinador de proyectos de Cerca Energía, ha intervenido esta mañana en Los Desayunos de Buenos Días Alto Jalón para explicar cómo una iniciativa que hace apenas cuatro años parecía compleja, casi experimental, se ha convertido ya en una realidad con presencia en pueblos del valle del Jalón zaragozano y soriano.

Zabalegui ha defendido que Cerca Energía representa una alternativa al modelo energético tradicional, basado en grandes centros de producción, redes de distribución controladas por grandes compañías y consumidores que apenas pueden elegir más allá de cambiar de comercializadora. Frente a ese esquema, la cooperativa propone producir cerca de donde se consume, compartir instalaciones entre vecinos, ayuntamientos, negocios y empresas, y conseguir que una parte del gasto eléctrico se quede en los propios pueblos.

DE CONSUMIDORES PASIVOS A PROTAGONISTAS DE LA ENERGÍA

El coordinador de proyectos ha explicado que el modelo energético actual sitúa a los vecinos, ayuntamientos y pequeñas empresas en la última fila del sistema. Todos consumen electricidad, todos pagan cada mes, pero muy pocos tienen capacidad real para decidir cómo se produce esa energía, quién se beneficia de ella o qué retorno deja en el territorio. Cerca Energía nace precisamente para cambiar esa posición y convertir a los consumidores en protagonistas activos.

Zabalegui ha resumido ese cambio como una “pequeña revolución ciudadana rural”, pacífica y legal, amparada por la normativa europea y orientada a demostrar que los pueblos no tienen por qué limitarse a ver cómo se llenan sus campos de grandes proyectos renovables sin que el beneficio revierta directamente en quienes viven allí. La clave, ha dicho, no es solo producir energía limpia, sino decidir colectivamente cómo se produce, dónde se produce y para quién se produce.

UN MODELO TERRITORIAL, NO SOLO MUNICIPAL

Uno de los elementos más innovadores de Cerca Energía ha sido no limitarse a una comunidad energética por municipio. Zabalegui ha detallado que muchas comunidades nacen en un solo pueblo, crean una entidad propia y desarrollan una instalación de autoconsumo colectivo. Ese modelo puede funcionar en determinadas localidades, pero resulta más difícil en núcleos pequeños, con poca población y menor capacidad técnica o económica.

Por eso, el proyecto Life Jalón apostó por una comunidad energética de ámbito territorial, capaz de agrupar pueblos distintos, sumar recursos y generar una red comarcal. Esa decisión ha permitido llegar a municipios de la Comunidad de Calatayud y también del Alto Jalón soriano, con instalaciones repartidas desde Medinaceli hacia distintos puntos del valle.

Los datos reflejan ya esa consolidación: Cerca Energía cuenta con 18 instalaciones impulsadas en 15 municipios, de las cuales 15 están ya en funcionamiento, más de 130 socios y más de 250 puntos de suministro gestionados. Para Zabalegui, estas cifras demuestran que el proyecto ha dejado de ser una prueba piloto y se ha convertido en una referencia aragonesa, nacional y europea.


“LA UNIÓN HACE LA FUERZA” TAMBIÉN EN LA FACTURA ELÉCTRICA

La lógica del proyecto es sencilla, pero transforma por completo el planteamiento habitual. En lugar de que cada vecino instale placas en su propia vivienda, con el coste, la obra, la orientación y las dificultades técnicas que eso implica, Cerca Energía propone instalaciones colectivas compartidas. Así se reducen costes, se aprovechan cubiertas disponibles y se genera un sentimiento de comunidad que va más allá del ahorro individual.

Zabalegui ha insistido en que el mundo rural conoce bien esta lógica: en los pueblos, las asociaciones, las cooperativas y los proyectos compartidos han sido siempre una forma de resistir y avanzar. La energía, ha defendido, puede seguir ese mismo camino. No se trata solo de placas solares, sino de organización vecinal, colaboración con ayuntamientos y capacidad colectiva para retener valor en el territorio.


LAS TRABAS DE UN SISTEMA PENSADO PARA OTROS ACTORES

El crecimiento de Cerca Energía no ha estado exento de dificultades. Zabalegui ha diferenciado entre el papel de las comercializadoras y el de las distribuidoras. Las primeras compiten de forma agresiva por los clientes, muchas veces con campañas telefónicas difíciles de entender para personas mayores o con menor cultura energética. Las segundas operan en un mercado mucho más cerrado, porque son las responsables de la red y, en la práctica, actúan con una posición de fuerza frente a proyectos que necesitan trámites, conexiones y respuestas técnicas.

Ahí es donde, según ha explicado, aparecen muchas fricciones. Las comunidades energéticas piden a las distribuidoras que cumplan lo que marca la ley para poder reducir su dependencia del sistema tradicional. En otras palabras, solicitan ayuda administrativa y técnica para dejar de pagar una parte de la energía a ese mismo sistema. Esa contradicción explica, a su juicio, buena parte de las resistencias.

Aun así, Zabalegui ha señalado avances normativos importantes, como el aumento del radio de acción de las comunidades energéticas de dos a cinco kilómetros, el refuerzo del papel de los ayuntamientos y la creación de una ventanilla permanente para resolver conflictos con las distribuidoras. Son cambios que no eliminan todos los problemas, pero que empiezan a reconocer una realidad cada vez más evidente: las comunidades energéticas han llegado para quedarse.


UNA HERRAMIENTA CONTRA EL MODELO EXTRACTIVO

La entrevista ha situado también el debate de fondo sobre las renovables en el Alto Jalón. Mientras avanzan grandes parques eólicos y macroplantas solares declaradas de interés general, muchos pueblos se preguntan qué beneficio real dejan esos proyectos en el territorio. Cerca Energía plantea una respuesta distinta: instalaciones más pequeñas, vinculadas a los consumos locales y orientadas a que el ahorro, la renta disponible y los márgenes económicos permanezcan en las comarcas.

Zabalegui ha defendido que no se trata únicamente de discutir cuánta energía puede producir una comunidad energética, sino de cambiar la forma de producirla. Frente a un sistema centralizado, vulnerable y dependiente de grandes infraestructuras, el modelo distribuido permite producir cerca del consumo y construir una red más resistente, más justa y más pegada al territorio.


CERCA ENTRA “EN ÓRBITA” TRAS LIFE JALÓN

El cierre del proyecto europeo Life Jalón marca el final de una primera fase. Zabalegui ha utilizado la imagen de un cohete para explicar el momento actual: la etapa de mayor tracción, la que permitió poner en marcha la cooperativa, levantar instalaciones, ganar confianza y demostrar que el modelo funciona, ya se ha desacoplado. Ahora, Cerca Energía entra “en órbita”.

Esa nueva etapa tendrá dos direcciones. Por un lado, crecer “a lo ancho”, con más instalaciones fotovoltaicas colectivas en más pueblos y con apoyo a ayuntamientos que ya tienen placas solares y necesitan gestionarlas mejor. Por otro, crecer “a lo alto”, incorporando nuevos servicios como almacenamiento comunitario, baterías compartidas, eficiencia energética o sustitución de calderas de gasóleo por sistemas más sostenibles como la aerotermia.


SOBERANÍA ENERGÉTICA PARA FIJAR ACTIVIDAD

El concepto de soberanía energética ha sido uno de los ejes de la conversación. Para Zabalegui, la energía es estratégica para el desarrollo socioeconómico de los pueblos porque afecta a familias, ayuntamientos, negocios, fábricas y servicios públicos. Además, en el medio rural el coste energético puede tener un peso proporcional mayor que en la ciudad, tanto por la climatología como por las características de viviendas, explotaciones y pequeñas empresas.

Planificar una energía más cercana, más estable y más accesible puede actuar, ha explicado, como un “imán de pertenencia y permanencia”. Una instalación fotovoltaica tiene una garantía de producción de al menos 25 años, lo que obliga a pensar a largo plazo. Quien invierte en energía comunitaria está proyectando futuro, no solo ahorro inmediato.


UNA NUEVA ETAPA CON MÁS DE 130 SOCIOS

La renovación del Consejo Rector simboliza también ese cambio de etapa. La cooperativa nació gracias al impulso de un grupo inicial de voluntarios del territorio, cuando todavía no había instalaciones ni certezas. Ahora, ese relevo se produce con más de 130 socios y con representantes vinculados ya a proyectos que funcionan sobre el terreno.

Para Cerca Energía, el reto será seguir sumando pueblos, vecinos, ayuntamientos, comercios y empresas. Cuantas más personas participen, más capacidad tendrá el modelo para demostrar que el Alto Jalón puede producir parte de su energía, consumirla localmente y retener los beneficios en sus propios municipios.

La conclusión que deja la intervención de Zabalegui es clara: la revolución energética del valle del Jalón no es una promesa lejana. Ya está en marcha, tiene placas instaladas, pueblos implicados, suministros gestionados y una idea de fondo que interpela directamente al mundo rural: si la energía sale del territorio, el valor también debe quedarse en el territorio.






viernes, 20 de marzo de 2026

Sepúlveda supera los 1.000 habitantes gracias al éxito de su campaña de empadronamiento


El municipio de Sepúlveda ha logrado superar la barrera de los 1.000 habitantes tras el éxito de la campaña de empadronamiento “Para poder seguir siendo Sepúlveda: EMPADRÓNATE”, impulsada por el Ayuntamiento en los últimos meses.

El Consistorio quiere agradecer públicamente la implicación de todos los vecinos y personas vinculadas al municipio que han participado en esta iniciativa, cuyo objetivo era fomentar el empadronamiento entre quienes residen habitualmente en la localidad pero no figuraban en el padrón municipal.

Según los datos comunicados recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la cifra oficial de población de Sepúlveda a fecha 1 de enero de 2026 asciende a 1.019 habitantes, lo que supone un incremento de 40 personas respecto al año anterior, cuando el municipio contaba con 979 habitantes.

Este crecimiento demográfico permitirá a Sepúlveda mantener su actual representación municipal. En concreto, la cifra —que será oficial a partir de noviembre de 2026— servirá como referencia para las elecciones municipales previstas en mayo de 2027, garantizando la continuidad de los 9 concejales en el Ayuntamiento.

Desde el equipo de gobierno se considera que el objetivo principal de la campaña ha sido alcanzado, al lograr superar el umbral simbólico de los 1.000 habitantes. No obstante, se quiere insistir en la necesidad de continuar con la labor de concienciación para que todas las personas que residen la mayor parte del año en Sepúlveda formalicen su inscripción en el padrón.

El Ayuntamiento recuerda que el empadronamiento no solo responde a una obligación legal, sino que constituye un elemento clave para el desarrollo del municipio. El número de habitantes registrados influye directamente en la financiación que recibe la localidad a través de los tributos del Estado, en la dotación de servicios públicos y en el acceso a prestaciones sociales, educativas y sanitarias.

Asimismo, el padrón es determinante para optar a subvenciones de distintas administraciones, destinadas a la mejora de infraestructuras y servicios locales, aspectos esenciales para garantizar el futuro y la calidad de vida en Sepúlveda.





sábado, 7 de marzo de 2026

Los vecinos de Vellosillo indignados ante las mentiras del Ayuntamiento de Sepúlveda



El compromiso del Ayuntamiento de Sepúlveda y de la Diputación de Segovia, en concreto de su presidente, D. Miguel Ángel de Vicente Martín, fue construir un depósito de agua en Vellosillo, antes de verano de 2026, para abastecer a Duratón y a Vellosillo y evitar situaciones como la del pasado verano, en que los vecinos estuvieron sin agua 10 días. 9 meses más tarde del compromiso en medios y ante las comunidades de ambos pueblos, no solo no ha comenzado la obra, si no que no responden a los vecinos por ningún medio y, ante una pregunta directa sobre inversiones en infraestructuras hídricas. En esta entrevista en Cadena SER, el alcalde de Sepúlveda ni menciona el proyecto de construcción de esta infraestructura crítica. 

¿Qué ha pasado con el presupuesto asignado a esta obra? 

¿Qué ha pasado con el compromiso de construir un depósito en una de las pocas localidades de todo Segovia que no lo tiene? 

¿Por qué no nadie de la Administración responde a las llamadas o correos electrónicos de los vecinos de Vellosillo?


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