Gracias a las Comunidades Energéticas, una figura jurídica promovida desde la Unión Europea y en proceso de desarrollo normativo en España, algunos de los aspectos claves de la transición energética como la climatización, la eficiencia, la generación con renovables o la movilidad eléctrica, podrían estar en manos de la ciudadanía, aumentando su empoderamiento energético, con la una energía que podrá ser más limpia, renovable y compartida.
En junio de 2020, el Real Decreto Ley 23/2020 introducía la figura de las comunidades de energías renovables en la normativa de nuestro país. El término “comunidades energéticas locales “ (CEL) engloba dos figuras jurídicas: las “comunidades ciudadanas de energía” y las “comunidades de energía renovable”. Se describen como
“Cualquier asociación, cooperativa, sociedad, organización sin afán de lucro u otra entidad jurídica que esté controlada por accionistas o miembros locales, generalmente orientada al valor más que a la rentabilidad, dedicada a la generación distribuida y a la realización de actividades de un gestor de red de distribución, suministrador o agregador a nivel local”.El impulso y fomento de este movimiento comunitario en torno a la energía lo lleva a cabo la Federación Europea de Cooperativas de Energía Renovable (Rescoop), una organización que lleva desde 2011 apoyando la implantación de este nuevo modelo de asociaciones energéticas a través de diferentes proyectos, dotándolos de apoyo financiero y regulatorio, organizando eventos y elaborando numerosos informes técnicos.
Como se recoge en la Guía para el Desarrollo de Instrumentos de Fomento de Comunidades Energéticas Locales, creada por el IDAE, el modelo cooperativo es muy habitual en Alemania y Holanda, pues en este último un 66% de la inversión en proyectos de comunidades energéticas se realiza a través de cooperativas. El tamaño de las comunidades es variable, pero el promedio se sitúa en torno a los 70 participantes.
Entre los múltiples beneficios que podrían aportar las comunidades energéticas destacan el abanico de posibilidades para que los ciudadanos participen en la producción de energía (autoconsumo fotovoltaico compartido), en el consumo y en la distribución o reparto de la energía renovable. Según las directivas europeas, se les permitirá operar a lo largo de toda la cadena de valor de la electricidad. Por tanto, podrá haber una interacción continua con la red de distribución de cada ciudad al aproximar los sistemas de generación de electricidad a los puntos de consumo, generando un debate futuro sobre quien deberá ser propietario y gestor de las redes.
Esta idea apunta a la oportunidad para acelerar la transición energética desde pueblos como Sepúlveda y núcleos agregados, lo que podría crear empleo de calidad, aunando intereses comunes en torno a asociaciones locales basadas en estrategias colectivas, inclusivas y participadas por socios. En este caso, el socio de la comunidad energética podría ser propietario de la instalación, una novedad que no ofrece ningún otro tipo de actor energético más allá de las instalaciones de autoconsumo.
Según Rescoop, la mitad de todos los ciudadanos europeos podría producir su propia electricidad para el 2050, satisfaciendo el 45% de la demanda de energía de la UE. Esto representaría un cambio masivo en el que los ciudadanos, gracias al poder ser partícipes y gestores de su propia energía renovable, siendo los protagonistas y acelerando el ritmo de la transición energética.
En este tipo de proyectos no trincan los políticos. Nunca saldrán.
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