Nueve municipios del nordeste de Segovia han distribuido durante meses agua oficialmente clasificada como "no apta para el consumo", afectando a más de 1.000 habitantes. Los análisis detectaron desde bacterias como E.coli hasta compuestos cancerígenos, pero los resultados tardaron meses en hacerse públicos. Mientras PRODESTUR, la Junta y los ayuntamientos se echan la culpa, los ciudadanos siguen sin saber cuándo tendrán garantías reales de que su agua es segura. Un caso que trasciende lo local para mostrar las deficiencias del sistema de alerta sanitaria en el medio rural español.
María, vecina de Cerezo de Abajo, recuerda perfectamente cuándo empezó a comprar agua embotellada para beber. Fue en septiembre del año pasado, cuando se corrió la voz en el pueblo de que "había algo en el agua". Lo que no sabía entonces es que su pequeño municipio, junto a otros ocho del nordeste segoviano, llevaba meses distribuyendo agua oficialmente clasificada como "NO APTA PARA EL CONSUMO" según los registros del Sistema Nacional de Información del Agua de Consumo (SINAC).
Los análisis oficiales, realizados por laboratorios acreditados entre agosto de 2024 y abril de 2025, detectaron problemas de muy diversa índole: desde presencia de bacterias como E.coli —que sugiere contaminación de origen fecal— hasta niveles químicos por encima de los límites legales y agua corrosiva que daña las tuberías. Nueve municipios en total, según confirma ahora PRODESTUR, la empresa pública que gestiona el abastecimiento: 1.031 habitantes viviendo durante meses con agua que no cumplía los estándares de potabilidad.
Cuando nadie sabe quién manda
El caso del agua en el nordeste segoviano trasciende el problema técnico para convertirse en un ejemplo perfecto de cómo funciona —o no funciona— la administración española cuando se trata de proteger un derecho básico. Tres administraciones implicadas, competencias difusas y un ciudadano perdido en medio de un laberinto burocrático donde nadie asume la responsabilidad final.
PRODESTUR, la empresa pública de la Diputación de Segovia, gestiona el abastecimiento en 101 municipios de la provincia. Cuando se detecta un problema, toma una segunda muestra "dentro de las 24 horas siguientes". Pero reconoce que el análisis "no es inmediato" y que solo informa a la población "de confirmarse de nuevo resultados por encima del valor de incumplimiento". Resultado: los ciudadanos pueden pasar semanas sin saber que el agua que beben no es segura.
La Junta de Castilla y León, a través de su Servicio Territorial de Sanidad, afirma que supervisa pero que "la competencia sobre el control del agua de consumo humano corresponde a los ayuntamientos" según el Real Decreto 3/2023. Cuando se les pregunta por detalles sobre la gestión de esta crisis, remiten las consultas telefónicas sin respuesta y derivan responsabilidades hacia la legislación nacional.
Los ayuntamientos, muchos de ellos con poblaciones que no llegan a los 200 habitantes, son oficialmente los responsables del control de calidad del agua según la normativa. Pero carecen de recursos técnicos para gestionar problemas complejos de contaminación bacteriológica o química por lo que, en general, delegan la competencia a la Diputación.
El procedimiento que falla
La normativa es clara: cuando se detecta agua no apta para el consumo, debe comunicarse a los ciudadanos "lo antes posible y, en cualquier caso, en menos de 24 horas". La realidad es bien distinta.
Cerezo de Abajo registró presencia de E.coli y bacterias coliformes en un análisis de agosto de 2024 que no se hizo público hasta octubre, dos meses después. Los análisis de abril de 2025 seguían detectando problemas microbiológicos en varios núcleos de Riaza. En Casla y Prádena se detectaron en febrero y marzo niveles de ácidos haloacéticos —compuestos clasificados como posibles cancerígenos por la Organización Mundial de la Salud— por encima del límite legal, pero estos resultados no se conocieron hasta junio.
Esta demora de meses entre el análisis y la publicación de resultados pervierte la función de alerta que debería tener el control sanitario del agua. Mientras tanto, la población afectada siguió consumiendo agua contaminada sin saberlo. No todos los municipios presentan estas demoras: en Sepúlveda, por ejemplo, los análisis de junio aparecieron publicados el mismo mes, lo que evidencia que la gestión burocrática varía según quién solicite los análisis y cómo gestione su publicación en el SINAC.
PRODESTUR asegura ahora que en Casla y Prádena "no se confirmó el incumplimiento" porque "las segundas muestras analizadas dieron valores inferiores". En cuanto a las medidas concretas para solucionar los problemas, la empresa pública responde que "depende de los acuerdos adoptados en cada uno de ellos" y que "la mayoría de los municipios afectados, o bien distribuyen agua embotellada o disponen de un suministro especial".
La información que no llega
El Sistema de Información Nacional del Agua de Consumo (SINAC) es, en teoría, la herramienta que permite a cualquier ciudadano consultar la calidad del agua de su municipio. Los datos están ahí, accesibles para quien sepa buscarlos. Pero la información no es precisamente clara para el ciudadano medio: códigos de laboratorio, valores paramétricos y clasificaciones técnicas que requieren conocimientos especializados para ser interpretados.
La tardanza en conocer los resultados no es solo una cuestión burocrática: tiene consecuencias reales sobre la salud pública. Los ácidos haloacéticos detectados en febrero en Casla y Prádena, cuyos resultados no se conocieron hasta junio, están clasificados por la Organización Mundial de la Salud como posibles carcinógenos y estudios recientes los asocian con retraso del crecimiento fetal durante el embarazo.
Fuentes sanitarias locales confirman que al menos dos embarazadas de la zona han requerido seguimiento médico especial tras conocerse los niveles elevados de estos compuestos, y en un caso se optó por adelantar el parto como medida preventiva. "No podemos establecer una relación directa, pero cuando hay factores de riesgo conocidos, hay que actuar con precaución", explica una fuente médica que prefiere mantener el anonimato.
El problema se agrava porque no existe certeza sobre cuándo se realizarán nuevos análisis. Los períodos entre controles pueden ser de meses, lo que significa que si los niveles vuelven a elevarse —por ejemplo, con las lluvias otoñales o cambios en el proceso de cloración— podrían pasar meses hasta detectarlo y otros tantos hasta que la información llegue a los ciudadanos.
Un problema resuelto... sobre el papel
Según las administraciones consultadas, todos los problemas detectados están ahora "subsanados". El Servicio Territorial de Sanidad asegura que "todos los incumplimientos reseñados a día de hoy están subsanados, excepto el índice de Langelier (que no afecta a la potabilidad)". PRODESTUR confirma que actualmente hay 9 municipios con agua no apta, pero no especifica cuáles ni por qué motivos.
Los datos del SINAC, sin embargo, no reflejan esta supuesta normalización. Los últimos análisis publicados en muchos de estos municipios siguen siendo los que detectaron los problemas, sin que aparezcan análisis posteriores que confirmen la subsanación. Esta desactualización de la información pública genera más dudas que certezas entre una población que ha perdido la confianza en la gestión del suministro. Sin saber cuándo se realizarán los próximos análisis completos ni cuándo se publicarán sus resultados, los ciudadanos viven en una especie de limbo informativo donde no pueden estar seguros de la calidad real del agua que consumen día a día.
Más allá de los aspectos técnicos y administrativos, el caso del agua en el nordeste segoviano tiene un coste humano y económico que trasciende las cifras oficiales. Familias que llevan meses comprando agua embotellada, negocios rurales que dudan sobre la calidad del servicio que ofrecen, y una población que ha perdido la confianza básica en que al abrir el grifo salga agua segura.
Esta desconfianza se extiende más allá del agua. Cuando un sistema de alerta sanitaria tarda meses en funcionar, cuando los análisis de febrero se conocen en junio y cuando nadie puede garantizar cuándo se volverá a analizar el agua, se resiente la credibilidad del conjunto del sistema. Los ciudadanos pierden la fe en que las administraciones tengan realmente capacidad de proteger su salud de forma eficaz.
Las preguntas sin respuesta
Tras meses de análisis que detectaban agua no apta, comunicaciones tardías o inexistentes, y competencias que se solapan sin que nadie asuma el liderazgo, quedan preguntas fundamentales sin respuesta:
¿Cuántas personas estuvieron realmente bebiendo agua contaminada durante estos meses? ¿Se proporcionó efectivamente suministro alternativo en todos los casos? ¿Por qué la información del SINAC no se actualiza para reflejar las supuestas mejoras? ¿Qué garantías existen de que estos problemas no se repetirán?
PRODESTUR responde que las soluciones "dependen de los acuerdos adoptados" y que las inversiones necesarias "dependerán de la situación de cada ayuntamiento". La Junta deriva responsabilidades hacia los municipios. Los ayuntamientos, muchos sin recursos técnicos, intentan gestionar como pueden un problema que les supera.
El agua como síntoma
El caso del agua en el nordeste de Segovia es, en realidad, el síntoma de un problema más amplio: la dificultad del Estado para gestionar eficazmente los servicios públicos básicos en el medio rural. Competencias fragmentadas, recursos escasos, poblaciones dispersas y administraciones que se echan la culpa unas a otras mientras los ciudadanos quedan en medio.
En un país desarrollado del siglo XXI, que más de 1.000 personas hayan tenido que vivir durante meses con agua no apta para el consumo —y que nadie sepa explicar con claridad cómo se ha solucionado el problema— dice mucho sobre las deficiencias de nuestro sistema administrativo.
Los datos están en el SINAC, accesibles para quien quiera consultarlos. Pero la confianza, una vez perdida, es mucho más difícil de recuperar que normalizar un análisis de laboratorio.
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