X Feria nacional para la repoblación de la España rural (6-8 noviembre, Burgos)

 

Ni el clima, ni la gestión: porque los hidroaviones no apagan la estupidez

Transcripción del reel de Instagram de Marc Vidal: “Los hidroaviones no apagan la estupidez”

---

Cae ceniza en terrazas a 40 km de la Puerta del Sol. Tres frentes de fuego se han fusionado en uno y más de 70.000 personas han abandonado sus casas en la mayor evacuación de la historia reciente del país. Francia ha desalojado a 20.000 personas en un solo día. En Sicilia hay 6.000 efectivos desplegados.

Y, sin embargo, lo más inflamable de todo no está en el monte: está en los platós de televisión, en las redes sociales y en la propia política. Porque mientras las llamas avanzan, todo el país discute sobre quién tiene la culpa. Y esa discusión, créeme, está escenificada. Tiene formato, tiene guion y tiene ganadores.

Lo que casi nadie cuenta es que esto no empezó hace dos semanas con una ola de calor. Empezó hace más de cuatro décadas, con decisiones económicas muy concretas que nadie quiere revisar, porque revisarlas dejaría en evidencia a casi todos los que hoy gritan en esos debates.

Hoy vamos a hacer algo diferente: apagar el ruido y seguir el dinero, el incentivo y el combustible.

Vamos a examinar por qué España arde un poco más cada verano que el anterior, quién se beneficia del debate estéril que lo rodea todo, y qué decisiones económicas de hace décadas convirtieron nuestros montes en un almacén de combustible.

Según el sistema europeo EFFIS del programa Copernicus, 2026 ya es el segundo año con más superficie quemada en la Unión Europea en las últimas dos décadas… y todavía queda mes y medio de verano. España encabeza la lista con unas 130.000 hectáreas quemadas en siete meses (la media anual de la última década rondaba las 100.000). Es decir: en julio ya hemos superado lo que antes quemábamos en todo un año.

El 24 de julio el Gobierno declaró la emergencia nacional en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila tras la fusión de tres incendios en el frente de la Sierra Oeste. En Guadalajara, el incendio de Mierla lleva más de una semana activo y ha destruido por sí solo al menos 32.000 hectáreas. España ha tenido que activar el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea: hemos pedido ayuda porque nuestros recursos ya no bastan. Europa se calienta más del doble de rápido que la media mundial.

Estos son los hechos.

Menos de 24 horas después de la declaración de emergencia nacional, el asunto ya había mutado. Ya no se hablaba del monte, sino de siglas, de si el Gobierno central llegó tarde, de si la comunidad recortó en prevención, de si hay o no pacto de Estado, de los pirómanos, de si el cambio climático es el único culpable o de si el cambio climático no existe.

El diseño del debate es perfecto: solo hay dos casillas.

• Casilla A: esto es cambio climático y quien lo niegue es negacionista.

• Casilla B: esto es mala gestión, montes sin limpiar y pirómanos, y quien diga que es el clima te está metiendo ideología.

Elegir una te coloca automáticamente en un bando político. Eso es oro para un plató: genera ciclos de noticias, clips virales y no exige ningún conocimiento de gestión forestal. Un problema estructural de 40 años no cabe en un segmento de 90 segundos ni en un tuit. Un culpable con nombre, apellido y partido sí. La trivialización no es un accidente del sistema mediático: es su producto más rentable. La indignación es barata de producir y adictiva de consumir.

Mientras tanto, las preguntas que realmente explican los incendios (¿quién gestiona el territorio?, ¿qué incentivos hay y desde cuándo?) casi nadie las formula, porque no dividen a la audiencia en dos y porque no funcionan como entretenimiento.

Acompáñame a un pueblo cualquiera de la Sierra de Gredos en 1955.

La vida era dura, a menudo miserable. Pero mira el paisaje: cabras y ovejas pastando el matorral, vecinos subiendo a por leña, carboneros, bancales cultivados que fragmentan la ladera, pinares resinados que alguien sube a trabajar cada día. El monte era despensa y fábrica… y por eso estaba limpio. Cada cabra, cada haz de leña, cada cántaro de resina era combustible que salía del bosque. Era un sistema nacional de prevención de incendios financiado por la propia economía rural.

Entre los años 70 y 80 ese sistema se desmanteló. El éxodo rural vació los pueblos, el butano sustituyó a la leña, el pienso al pasto y la petroquímica a los productos del bosque. El campo español pasó de sostener a casi la mitad de la población a convertirse en lo que ahora llamamos, con ese eufemismo miserable pero conveniente, “España vaciada”.

Paradoja que casi nadie menciona: España tiene hoy mucha más superficie forestal que hace medio siglo. Somos uno de los países más forestales de la UE. Pero es un bosque sin nadie dentro. El matorral que antes comían las cabras se ha ido acumulando década tras década. El incendio de este verano es, en términos financieros, el interés compuesto de 40 años de abandono.

Lo que se ve: hidroaviones descargando agua al atardecer, columnas de la UME, ministros y presidentes autonómicos con chaleco de emergencia, ruedas de prensa con cara de duelo y cifras de efectivos desplegados. Todo es fotogénico, emocionante y electoralmente rentable.

Lo que no se ve: una cuadrilla desbrozando en febrero bajo la lluvia, una quema prescrita en noviembre, un rebaño pastando en enero, un plan de gestión forestal aprobado en un despacho gris.

Nada de eso sale en el telediario. Por eso se financia sistemáticamente peor. Los profesionales del sector llevan años diciendo que gastamos la mayor parte del dinero en extinción y una fracción en prevención, cuando la evidencia técnica pide exactamente la proporción inversa. El resultado es una perversión casi perfecta de los incentivos: un político racional (de cualquier color) invierte donde hay cámaras. Un hidroavión da votos; una cabra no.

La prevención es un gasto cuyo éxito consiste en que no pase nada… y en política nadie gana elecciones presumiendo de catástrofes que no ocurrieron. No hay villanos de bigote. Hay un sistema en el que cada actor hace lo que le conviene y el resultado agregado es un país que arde cada vez mejor.

El cambio climático es real, medible, y en Europa avanza más rápido que en ninguna otra parte del planeta. Negarlo es como negar el termómetro. Pero usar el clima como única explicación también es una forma de no hacer nada. Si la culpa es planetaria, ningún gestor concreto es responsable de nada concreto.

La forma honesta de decirlo es otra: el clima es el multiplicador y el abandono del territorio es la base sobre la que se multiplica.

Las mismas olas de calor sobre un monte gestionado producen incendios; sobre un monte cargado con 40 años de biomasa producen monstruos de 30.000 hectáreas que ningún dispositivo del mundo puede parar. No puedes decidir la temperatura desde Madrid, París o tu comunidad. Sí puedes decidir la carga de combustible.

España fue una potencia mundial de la resina. Decenas de miles de resinero vivían de sangrar pinos para una industria que fabricaba barnices, trementina y colofonia. Ese oficio se derrumbó entre los 60 y los 70 cuando los derivados del petróleo lo expulsaron del mercado. Y con él no solo se perdió un trabajo: se perdió al tipo que caminaba cada día entre los pinares, que los mantenía limpios porque le daban de comer y que detectaba un foco antes que nadie. Donde la resina aún sobrevive (Segovia, Soria…) los pinares todavía tienen gente dentro.

La economista Elinor Ostrom (Nobel 2009) demostró estudiando bosques y pastos comunales de todo el mundo que las comunidades conservan los recursos cuando tienen derechos sobre ellos y se benefician de cuidarlos. El monte español confirmó su tesis por la vía de la negación: cuando dejó de ser de alguien en términos económicos, dejó de importarle a nadie.

¿Cuánto cuesta esto? ¿Quién lo paga?

Extinguir una gran campaña de incendios consume cientos de millones en medios aéreos, UME, brigadas, servicios de emergencia y coches oficiales. Suma la reconstrucción, las indemnizaciones, la factura del Consorcio de Compensación de Seguros, el valor evaporado de miles de viviendas en zonas de interfaz urbano-forestal, el turismo que no vuelve y el suelo fértil que tarda décadas en recuperarse. Todo eso lo pagamos los contribuyentes, los asegurados, los vecinos evacuados… tú y yo.

¿Quién no paga nada?

El circo mediático que trivializó la emergencia y los dos políticos escribiendo en una red social. Eso genera audiencia a coste cero y nunca asume la responsabilidad del debate que impidió que se produjera.

Mientras el incentivo de fondo siga intacto (mientras la prevención no dé votos y la extinción sí, mientras el monte no valga nada en la economía real y el espectáculo lo valga todo en la economía de la atención), este vídeo se podrá volver a publicar el próximo verano cambiando solo los topónimos y la fecha.

Tú no puedes bajar la temperatura del planeta este agosto ni reformar la política forestal de tu comunidad tú solo. Pero sí puedes hacer algo que casi nadie hace: negarte a jugar al juego de esas dos casillas. La próxima vez que alguien te exija elegir entre clima o gestión, recuerda que la respuesta real es que uno multiplica al otro… y que quien te obliga a elegir te está reclutando, no informando.

Puedes preguntar en tu municipio qué plan de prevención existe (si existe).

Puedes valorar con tu consumo los productos de un monte gestionado: la madera, el pastoreo extensivo, esa resina de la que ya sabes más que la mayoría.

Y sobre todo, puedes ver el próximo debate televisivo sobre incendios sabiendo exactamente qué es: solo la parte del fuego que da audiencia.

"El monte arde en verano, pero se salva o se pierde en invierno… cuando nadie mira."

Los incendios forestales no van a desaparecer. Estrategias adaptativas

 

Francisco M. Azcárate, profesor de Ecología en la Universidad Autónoma de Madrid, publica un hilo de 29 mensajes en el que desmonta los discursos simplistas sobre los incendios forestales en la península ibérica y propone una mirada más compleja y realista.

El punto de partida es claro: los incendios no van a desaparecer. Hace menos de un siglo el paisaje era muy distinto: menos árboles, menos matorral y pastos mucho más consumidos. El abandono masivo del campo y las políticas de reforestación han generado un territorio cargado de biomasa listo para arder, en un clima mediterráneo que ya de por sí favorece los fuegos (veranos secos y cálidos tras estaciones de crecimiento). Ese cambio no es fácilmente reversible ni deseable: nadie quiere volver a una economía de subsistencia.

Azcárate critica eslóganes como “el monte está sucio” o “los incendios se apagan en invierno”. La gestión forestal (desbroces, cortafuegos, claras…) es importante y se hace, pero no es una varita mágica: los montes gestionados también arden, como se ha visto recientemente en Madrid. Tratar todo lo que no es tronco o copa como “suciedad” es un error.

La solución más defendida es construir y mantener paisajes en mosaico, con más espacios abiertos. Ayudan a frenar la propagación del fuego y aportan beneficios ecológicos, aunque tampoco son inmunes. La ganadería extensiva reduce biomasa y genera fuegos de baja intensidad que se recuperan rápido, pero tampoco elimina el riesgo. Las igniciones (intencionadas o accidentales, e incluso rayos) importan, pero el verdadero problema es el tamaño y la severidad de los incendios, no su número. La orografía y, sobre todo, el cambio climático actúan como potentes aliados del fuego.

La conclusión del hilo es incómoda pero realista: no existe una solución mágica. Hay que aprender a convivir con el fuego, que forma parte del bioma mediterráneo desde hace milenios y cumple funciones ecológicas. Las medidas prioritarias serían:

• Reducir la exposición (evitar urbanizaciones rodeadas de bosque y crear perímetros de protección alrededor de núcleos habitados).

• Usar herramientas basadas en la naturaleza: quemas prescritas y pastoreo.

• Tras un incendio, no reforestar automáticamente, sino rediseñar el paisaje hacia mosaicos y pastos donde sea viable.

• Combinar educación, prevención, gestión, adaptación, investigación y unos servicios públicos de extinción bien dotados.

Un enfoque honesto, lejos de simplismos, es la mejor forma de reducir pérdidas de vidas, hogares y medios de vida, y de que los equipos de extinción afronten menos situaciones extremas.

La Estrategia Ganadera de la UE reconoce por fin el papel esencial del extensivo en la gestión medioambiental

 

La Comisión Europea reconoce a la ganadería extensiva, particularmente el pastoreo ovino y caprino, como un elemento estratégico para enfrentar algunos de los mayores desafíos ambientales del continente.

Así lo recoge la nueva Estrategia Ganadera de la UE, presentada la semana pasada y que especifica que las ovejas y cabras desempeñan un papel esencial en la gestión del paisaje y en la prevención de incendios forestales. Al consumir hierbas, arbustos y vegetación seca, estos animales reducen de forma natural la carga de combustible disponible, actuando como cortafuegos biológicos y limitando la propagación de fuegos, especialmente en las regiones mediterráneas más vulnerables al cambio climático.

La estrategia destaca que la ganadería extensiva no solo contribuye a la conservación de la biodiversidad y al mantenimiento de ecosistemas abiertos, sino que también ayuda a combatir el abandono rural y fortalecer la cohesión territorial.

Por primera vez, Bruselas posiciona explícitamente a estos sistemas productivos como parte de la solución a problemas como la adaptación climática y la preservación de paisajes tradicionales. «El pastoreo extensivo se convierte en uno de los mejores aliados contra los incendios», señalan fuentes del sector, que celebran el reconocimiento institucional.

Organizaciones como Interovic han acogido positivamente la estrategia, aunque reclaman medidas económicas y de apoyo específicas para garantizar la viavilidad futura de estas explotaciones. El abandono del sector es una de las preocupaciones en Bruselas. La estrategia señala que el declive de la ganadería está estrechamente relacionado con el abandono de tierras en muchas regiones europeas. «El Centro Común de Investigación calcula 29 que alrededor del 11 % de las tierras agrícolas de la UE podrían abandonarse de aquí a 2030, mientras que casi una cuarta parte (1,38 millones de hectáreas) de todo el abandono agrícola en la UE probablemente se producirá en zonas de montaña», añade el documento, que señala que «las zonas rurales tienen un potencial increíble para convertirse en un motor de la resiliencia, el crecimiento sostenible y la preparación europeos».

Por ello, considera que «la creación de zonas rurales económicamente atractivas y habitables ayudará a retener y atraer población, contribuyendo así a la vitalidad a largo plazo de estas regiones». La nueva estrategia forma parte del esfuerzo europeo por hacer que el sector ganadero sea más resiliente, competitivo y sostenible, equilibrando producción, medio ambiente y desarrollo rural. Este reconocimiento podría abrir la puerta a incentivos y políticas de apoyo a los pastores y ganaderos extensivos en los próximos años, valorando su contribución más allá de la producción de carne y leche.

Publicación original

Recomendaciones para prevenir y actuar en caso de visualización de incendios

 

UCCL alerta de peligro de abandono del cultivo de cereal en Segovia

• En la presenta campaña la producción sufrirá una merma del 45 %, por lo que es necesario implementar medidas urgentes para garantizar la viabilidad del sector.

• La reducción de la cosecha se suma a los altos costes de producción (fertilizantes, semilla, gasóleo, …) y al desplome de los precios en origen, agravando la difícil situación de miles de explotaciones cerealistas.

Unión de Campesinos de Segovia-UCCL alerta del grave impacto que las altas temperaturas están teniendo sobre los cultivos de cereal. Las olas de calor registradas en el mes de mayo y durante las últimas semanas han provocado importantes mermas de producción que, en numerosas explotaciones, alcanzan ya entre el 40 % y el 45 % de la cosecha respecto de la recogida en 2025, año en que con unos rendimientos elevados se rozó el umbral de rentabilidad.

Hasta el pasado mes de mayo, las perspectivas apuntaban a una campaña muy favorable gracias a las lluvias de primavera. Sin embargo, el intenso calor del mes de mayo y de las últimas semanas ha acelerado la maduración del cultivo y reducido notablemente los rendimientos.

Consultado el sector, Unión de Campesinos de Segovia-UCCL calcula que se ha cosechado un 50 % de la superficie de cebada y un 30% en trigo alcanzando una media en la provincia de Segovia que no alcanza los 2.500 kg/ha en Trigo y apenas supero lo 2.100 kg/ha en cebada

A esta importante reducción de la cosecha se suma una situación económica cada vez más preocupante. La campaña 2025/2026 vuelve a situar a las explotaciones de cereal de Segovia en una situación insostenible. Los precios que perciben los agricultores han caído hasta niveles que, en numerosos casos, ni siquiera permiten cubrir los costes de producción, mientras que los gastos en fertilizantes, carburantes, semillas, maquinaria, seguros y financiación continúan muy por encima de los registrados antes de la crisis.

En muchas explotaciones, las pérdidas económicas se sitúan entre 200 y 400 euros por hectárea, comprometiendo seriamente su viabilidad.

La organización muestra también su preocupación por las condiciones en las que se está desarrollando la campaña de recolección. Las altas temperaturas y la baja humedad incrementan el riesgo de incendios durante las labores de cosecha, por lo que Unión de Campesinos de Segovia-UCCL recuerda la importancia de extremar las medidas de prevención y revisar la maquinaria para evitar incidencias.

Ante esta situación, Unión de Campesinos de Segovia-UCCL valora el anuncio realizado por el Ministerio de Agricultura, pero considera que las ayudas previstas resultan insuficientes para compensar las pérdidas del sector en la principal comunidad productora de cereal de España.

Por ello, la organización reclama ayudas urgentes para el sector cerealista, una mejora del sistema de seguros agrarios y una respuesta firme por parte de la Consejería, acorde con el peso estratégico que el cereal tiene para la agricultura, la economía y el medio rural de Castilla y León.

«Las pérdidas de producción provocadas por el calor se suman a unos precios que no cubren los costes de producción. El sector cerealista Segoviano necesita una respuesta proporcional a la importancia de un sector esencial para nuestra la provincia de Segovia «, concluyen desde Unión de Campesinos de Segovia-UCCL.

Publicación original

La España rural concentra casi la mitad de las viviendas vacías en España

El Observatorio del Alquiler destaca un fuerte contraste en España: los municipios de menos de 10.000 habitantes concentran casi la mitad de los 3,8 millones de viviendas vacías del país, pero esto no alivia la crisis de vivienda urbana, ya que están donde no hay demanda.

La continuidad del éxodo urbano durante el inicio del nuevo milenio concentra ya al 70% de la población española en las grandes capitales y áreas metropolitanas y deja a la España rural en una situación delicada. Lo denuncia el Observatorio del Alquiler en su informe Poblaciones en peligro: acceso a la vivienda y pérdida de dotaciones, que muestra una de las grandes contradicciones territoriales que afronta España: mientras una amplia parte del territorio pierde población y acumula viviendas vacías, las grandes áreas urbanas crecen con fuerza y sufren una creciente falta de vivienda disponible.

Así las cosas, el 84% del territorio español concentra apenas el 16% de la población y reúne una parte significativa de las viviendas vacías -un 14,4% del parque residencial nacional-. En el extremo opuesto, las principales áreas urbanas han aumentado su población en más de seis millones de personas desde 2001 y concentran ya al 70% de los habitantes del país, generando una fuerte presión sobre el mercado residencial.

El informe concluye que la despoblación y la dificultad de acceso a la vivienda no son fenómenos independientes, sino dos caras de un mismo modelo de crecimiento desequilibrado: un territorio que se vacía frente a otro que se densifica hasta tensionar sus recursos.

Según el informe del Observatorio impulsado por la Fundación Alquiler Seguro, en los municipios de menos de 100 habitantes, hasta el 70% del parque residencial permanece vacío o tiene un uso muy ocasional. En aquellos con entre 100 y 500 habitantes, esta proporción alcanza el 57%. En conjunto, los municipios de menos de 10.000 habitantes, donde reside algo más del 20% de la población, concentran el 45% del total de 3,8 millones de viviendas vacías que existene en nuestro país.

Sin embargo, ese volumen de viviendas no se traduce en una oferta real de alquiler. Según un estudio de la Asociación para el Desarrollo Rural Integral de las Tierras del Jiloca y Gallocanta (Aragón), más del 55% de las personas que buscaron alquilar una vivienda en pueblos de menos de 1.000 habitantes en 2020 no lo consiguieron y acabaron desistiendo.

Entre las causas de este bloqueo se encuentran el fuerte arraigo de la propiedad frente al alquiler, el deterioro de muchos inmuebles, el vínculo emocional de los propietarios con las viviendas y la fragmentación de la titularidad debido a procesos hereditarios.

El 84% del territorio español alberga únicamente al 16% de la población. De los 8.132 municipios existentes, 4.975 -el 61,2%- cuentan con menos de 1.000 habitantes, y casi la mitad del conjunto nacional se sitúa por debajo del umbral europeo considerado de riesgo de despoblación: 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.

La pérdida de población tiene un impacto directo sobre la sostenibilidad de estos municipios. La reducción de la base fiscal y la menor demanda provocan el cierre progresivo de servicios esenciales: entre 2012 y 2016 desaparecieron 311 oficinas postales rurales, más de 250 centros de educación infantil y primaria han cerrado en la última década, y el número de centros de salud y consultorios alcanzó en 2023 su mínimo histórico.

En el lado contrario se encuentran las grandes áreas urbanas, que han incorporado más de seis millones de habitantes desde 2001 y concentran actualmente el 70% de la población española. Este crecimiento demográfico ha aumentado la presión sobre el mercado inmobiliario, especialmente en el alquiler, donde la oferta existente no ha sido capaz de absorber el incremento de la demanda.

Publicación original

El laberinto de la sed: la ineptitud burocrática ahoga a los pueblos de Segovia

Abrir el grifo y que salga agua limpia es un gesto cotidiano que la mayoría de la sociedad da por sentado. Sin embargo, para miles de vecinos en la provincia de Segovia, este acto elemental se ha convertido en una lotería, un lujo o, directamente, en un motivo de profunda indignación popular. La crisis hídrica que azota a nuestros pueblos no es una consecuencia inevitable del cambio climático o de la sequía; es el reflejo de una ineptitud crónica, una alarmante falta de previsión y el pasotismo burocrático de unas administraciones estatales, autonómicas y locales que parecen más ocupadas en lanzarse reproches mutuos que en enterrar tuberías.

La falta de agua potable en Segovia no es un problema aislado: es un mal sistémico. Los casos más recientes y los históricos configuran un mapa de la desidia institucional que asfixia al medio rural.

El Espinar: querellas, palés de botellas y el grifo cerrado por decreto

El ejemplo más flagrante y actual de este sinsentido administrativo lo sufre El Espinar, junto a los vecinos de la Mancomunidad de la Mujer Muerta y varios barrios de Segovia capital. De la noche a la mañana, miles de hogares se enfrentan a un corte inminente del suministro por una carambola surrealista de decisiones de despacho.

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ordenó dejar agotar el gasóleo que alimentaba el sistema de bombeo alternativo desde el embalse de Puente Alta. La respuesta oficial ante la inminente crisis ha sido un clásico de la peor gestión política española: repartir 27 palés de agua embotellada mientras el Ayuntamiento —con el alcalde Javier Figueredo a la cabeza— prepara querellas criminales contra la cúpula de la CHD y amenaza con movilizaciones y cortes de carreteras.

Aunque la CHD se escuda en motivos de seguridad estructural para vaciar la presa de El Tejo y saca pecho por haber invertido 2,2 millones de euros en un sistema alternativo, la realidad sobre el terreno es tozuda: el combustible se apaga, las infraestructuras se quedan inutilizadas y los ciudadanos se quedan sin agua. Cuando la burocracia estatal y la local colisionan, el que paga los platos rotos es siempre el vecino que no puede ni ducharse.

Vellosillo y Duratón: promesas rotas y el silencio por respuesta

Si bajamos al nordeste de la provincia, a las pedanía de Vellosillo y Duratón (Sepúlveda), el panorama ya no es de conflicto abierto, sino de un silencioso y desesperante abandono institucional. En el verano de 2025, los vecinos de esta localidad y de Duratón sufrieron un "apagón hídrico" que los dejó diez días seguidos sin agua corriente. Ante el escándalo, el Ayuntamiento de Sepúlveda y el presidente de la Diputación de Segovia se comprometieron públicamente a construir un depósito de agua esencial antes del verano de 2026.

Un año después, las obras ni han comenzado, ni se las espera. Peor aún: el consistorio sepulvedano ha optado por el mutismo absoluto, ignorando los correos, llamadas y escritos de los vecinos mientras el alcalde esquiva el tema en los medios locales. Una muestra flagrante de cómo se maltrata a la España vaciada, obligándola a mendigar respuestas básicas sobre proyectos vitales para los núcleos que carecen de depósito propio.

Un mapa provincial de la desidia: Aarsénico, nitratos y parches

Lo de El Espinar y Vellosillo no son anécdotas; son los últimos capítulos de una crónica negra que se extiende por toda la geografía segoviana:

• Lastras de Cuéllar (El símbolo de la vergüenza): Sus habitantes llegaron a encadenar más de seis años consecutivos sin poder beber agua del grifo debido a los altos niveles de arsénico y nitratos en sus acuíferos. Durante más de 2.000 días, la única "solución" de la Junta de Castilla y León y la Diputación fue instalar un grifo público conectado a una potabilizadora portátil donde los vecinos hacían cola con garrafas, evidenciando un retraso burocrático intolerable para ejecutar una nueva red de abastecimiento.

• Cantimpalos (La paradoja del motor económico): Un municipio conocido internacionalmente por su industria cárnica ha visto truncado su día a día en repetidas ocasiones cuando la Delegación Territorial de Sanidad ha prohibido el consumo humano por contaminación de nitratos. La incapacidad de las administraciones para adelantarse al impacto medioambiental de la agricultura y ganadería intensiva deja a los motores económicos de la provincia en la más absoluta precariedad hídrica.

• Bernardos y la comarca del Voltoya (La sangría de las fugas): En esta zona, las redes de distribución son tan obsoletas que se registran pérdidas de agua por fugas que superan el 40% o 50% en algunos tramos. En lugar de acometer una renovación integral de las tuberías con fondos autonómicos o estatales, se normaliza el envío de camiones cisterna de la Diputación, un parche carísimo que paga el contribuyente y que no soluciona nada.

• Ayllón y el turismo estacional (La falta de previsión): Municipios como Ayllón o Riaza ven multiplicada su población en verano. Al no haberse adaptado las infraestructuras ni ampliado la capacidad de los depósitos locales para absorber esta demanda estacional, los ayuntamientos se ven obligados año tras año a emitir bandos de urgencia prohibiendo el riego, el llenado de piscinas o restringiendo el consumo en horas punta.

El patrón de la incompetencia

Al conectar todas las piezas, el patrón de comportamiento de las distintas administraciones del Estado resulta idéntico y predecible:

1. Reacción tardía: Solo se actúa cuando los niveles de veneno en el agua superan los límites legales o cuando los grifos ya no echan ni una gota.

2. El juego de la patata caliente: Las Confederaciones Hidrográficas culpan a los ayuntamientos; los ayuntamientos culpan a la Junta por la falta de subvenciones; y la Junta señala al Gobierno central. Nadie asume la culpa, nadie asume la responsabilidad.

3. La institucionalización del parche: Se ha normalizado que la solución a una crisis de infraestructura básica sea un camión cisterna o un palé de botellas de plástico en la plaza del pueblo.

El agua en Segovia no falta solo porque el cielo no llueva; falta porque no hay una gestión política seria ni una inversión real. Mientras las administraciones sigan enredadas en competencias cruzadas y promesas electorales que se olvidan al llegar el verano, los pueblos de Segovia seguirán secándose ante la indiferencia de los despachos. Un maltrato sistemático a un medio rural al que se le llena la boca defender en los mítines, pero al que se le corta el grifo en la realidad diaria.

Fuente: Gemini

La " revolución ciudadana rural" de Cerca Energía en el Alto Jalón

La comunidad energética Cerca Energía entra en una nueva etapa después de cerrar el proyecto europeo Life Jalón y renovar su Consejo Rector, pero lo hace con una idea clara: el camino no termina, sino que empieza ahora su fase de consolidación y crecimiento. José Ángel Zabalegui, coordinador de proyectos de Cerca Energía, ha intervenido esta mañana en Los Desayunos de Buenos Días Alto Jalón para explicar cómo una iniciativa que hace apenas cuatro años parecía compleja, casi experimental, se ha convertido ya en una realidad con presencia en pueblos del valle del Jalón zaragozano y soriano.

Zabalegui ha defendido que Cerca Energía representa una alternativa al modelo energético tradicional, basado en grandes centros de producción, redes de distribución controladas por grandes compañías y consumidores que apenas pueden elegir más allá de cambiar de comercializadora. Frente a ese esquema, la cooperativa propone producir cerca de donde se consume, compartir instalaciones entre vecinos, ayuntamientos, negocios y empresas, y conseguir que una parte del gasto eléctrico se quede en los propios pueblos.

DE CONSUMIDORES PASIVOS A PROTAGONISTAS DE LA ENERGÍA

El coordinador de proyectos ha explicado que el modelo energético actual sitúa a los vecinos, ayuntamientos y pequeñas empresas en la última fila del sistema. Todos consumen electricidad, todos pagan cada mes, pero muy pocos tienen capacidad real para decidir cómo se produce esa energía, quién se beneficia de ella o qué retorno deja en el territorio. Cerca Energía nace precisamente para cambiar esa posición y convertir a los consumidores en protagonistas activos.

Zabalegui ha resumido ese cambio como una “pequeña revolución ciudadana rural”, pacífica y legal, amparada por la normativa europea y orientada a demostrar que los pueblos no tienen por qué limitarse a ver cómo se llenan sus campos de grandes proyectos renovables sin que el beneficio revierta directamente en quienes viven allí. La clave, ha dicho, no es solo producir energía limpia, sino decidir colectivamente cómo se produce, dónde se produce y para quién se produce.

UN MODELO TERRITORIAL, NO SOLO MUNICIPAL

Uno de los elementos más innovadores de Cerca Energía ha sido no limitarse a una comunidad energética por municipio. Zabalegui ha detallado que muchas comunidades nacen en un solo pueblo, crean una entidad propia y desarrollan una instalación de autoconsumo colectivo. Ese modelo puede funcionar en determinadas localidades, pero resulta más difícil en núcleos pequeños, con poca población y menor capacidad técnica o económica.

Por eso, el proyecto Life Jalón apostó por una comunidad energética de ámbito territorial, capaz de agrupar pueblos distintos, sumar recursos y generar una red comarcal. Esa decisión ha permitido llegar a municipios de la Comunidad de Calatayud y también del Alto Jalón soriano, con instalaciones repartidas desde Medinaceli hacia distintos puntos del valle.

Los datos reflejan ya esa consolidación: Cerca Energía cuenta con 18 instalaciones impulsadas en 15 municipios, de las cuales 15 están ya en funcionamiento, más de 130 socios y más de 250 puntos de suministro gestionados. Para Zabalegui, estas cifras demuestran que el proyecto ha dejado de ser una prueba piloto y se ha convertido en una referencia aragonesa, nacional y europea.

“LA UNIÓN HACE LA FUERZA” TAMBIÉN EN LA FACTURA ELÉCTRICA

La lógica del proyecto es sencilla, pero transforma por completo el planteamiento habitual. En lugar de que cada vecino instale placas en su propia vivienda, con el coste, la obra, la orientación y las dificultades técnicas que eso implica, Cerca Energía propone instalaciones colectivas compartidas. Así se reducen costes, se aprovechan cubiertas disponibles y se genera un sentimiento de comunidad que va más allá del ahorro individual.

Zabalegui ha insistido en que el mundo rural conoce bien esta lógica: en los pueblos, las asociaciones, las cooperativas y los proyectos compartidos han sido siempre una forma de resistir y avanzar. La energía, ha defendido, puede seguir ese mismo camino. No se trata solo de placas solares, sino de organización vecinal, colaboración con ayuntamientos y capacidad colectiva para retener valor en el territorio.

LAS TRABAS DE UN SISTEMA PENSADO PARA OTROS ACTORES

El crecimiento de Cerca Energía no ha estado exento de dificultades. Zabalegui ha diferenciado entre el papel de las comercializadoras y el de las distribuidoras. Las primeras compiten de forma agresiva por los clientes, muchas veces con campañas telefónicas difíciles de entender para personas mayores o con menor cultura energética. Las segundas operan en un mercado mucho más cerrado, porque son las responsables de la red y, en la práctica, actúan con una posición de fuerza frente a proyectos que necesitan trámites, conexiones y respuestas técnicas.

Ahí es donde, según ha explicado, aparecen muchas fricciones. Las comunidades energéticas piden a las distribuidoras que cumplan lo que marca la ley para poder reducir su dependencia del sistema tradicional. En otras palabras, solicitan ayuda administrativa y técnica para dejar de pagar una parte de la energía a ese mismo sistema. Esa contradicción explica, a su juicio, buena parte de las resistencias.

Aun así, Zabalegui ha señalado avances normativos importantes, como el aumento del radio de acción de las comunidades energéticas de dos a cinco kilómetros, el refuerzo del papel de los ayuntamientos y la creación de una ventanilla permanente para resolver conflictos con las distribuidoras. Son cambios que no eliminan todos los problemas, pero que empiezan a reconocer una realidad cada vez más evidente: las comunidades energéticas han llegado para quedarse.

UNA HERRAMIENTA CONTRA EL MODELO EXTRACTIVO

La entrevista ha situado también el debate de fondo sobre las renovables en el Alto Jalón. Mientras avanzan grandes parques eólicos y macroplantas solares declaradas de interés general, muchos pueblos se preguntan qué beneficio real dejan esos proyectos en el territorio. Cerca Energía plantea una respuesta distinta: instalaciones más pequeñas, vinculadas a los consumos locales y orientadas a que el ahorro, la renta disponible y los márgenes económicos permanezcan en las comarcas.

Zabalegui ha defendido que no se trata únicamente de discutir cuánta energía puede producir una comunidad energética, sino de cambiar la forma de producirla. Frente a un sistema centralizado, vulnerable y dependiente de grandes infraestructuras, el modelo distribuido permite producir cerca del consumo y construir una red más resistente, más justa y más pegada al territorio.

CERCA ENTRA “EN ÓRBITA” TRAS LIFE JALÓN

El cierre del proyecto europeo Life Jalón marca el final de una primera fase. Zabalegui ha utilizado la imagen de un cohete para explicar el momento actual: la etapa de mayor tracción, la que permitió poner en marcha la cooperativa, levantar instalaciones, ganar confianza y demostrar que el modelo funciona, ya se ha desacoplado. Ahora, Cerca Energía entra “en órbita”.

Esa nueva etapa tendrá dos direcciones. Por un lado, crecer “a lo ancho”, con más instalaciones fotovoltaicas colectivas en más pueblos y con apoyo a ayuntamientos que ya tienen placas solares y necesitan gestionarlas mejor. Por otro, crecer “a lo alto”, incorporando nuevos servicios como almacenamiento comunitario, baterías compartidas, eficiencia energética o sustitución de calderas de gasóleo por sistemas más sostenibles como la aerotermia.

SOBERANÍA ENERGÉTICA PARA FIJAR ACTIVIDAD

El concepto de soberanía energética ha sido uno de los ejes de la conversación. Para Zabalegui, la energía es estratégica para el desarrollo socioeconómico de los pueblos porque afecta a familias, ayuntamientos, negocios, fábricas y servicios públicos. Además, en el medio rural el coste energético puede tener un peso proporcional mayor que en la ciudad, tanto por la climatología como por las características de viviendas, explotaciones y pequeñas empresas.

Planificar una energía más cercana, más estable y más accesible puede actuar, ha explicado, como un “imán de pertenencia y permanencia”. Una instalación fotovoltaica tiene una garantía de producción de al menos 25 años, lo que obliga a pensar a largo plazo. Quien invierte en energía comunitaria está proyectando futuro, no solo ahorro inmediato.

UNA NUEVA ETAPA CON MÁS DE 130 SOCIOS

La renovación del Consejo Rector simboliza también ese cambio de etapa. La cooperativa nació gracias al impulso de un grupo inicial de voluntarios del territorio, cuando todavía no había instalaciones ni certezas. Ahora, ese relevo se produce con más de 130 socios y con representantes vinculados ya a proyectos que funcionan sobre el terreno.

Para Cerca Energía, el reto será seguir sumando pueblos, vecinos, ayuntamientos, comercios y empresas. Cuantas más personas participen, más capacidad tendrá el modelo para demostrar que el Alto Jalón puede producir parte de su energía, consumirla localmente y retener los beneficios en sus propios municipios.

La conclusión que deja la intervención de Zabalegui es clara: la revolución energética del valle del Jalón no es una promesa lejana. Ya está en marcha, tiene placas instaladas, pueblos implicados, suministros gestionados y una idea de fondo que interpela directamente al mundo rural: si la energía sale del territorio, el valor también debe quedarse en el territorio.

Publicación original

Sepúlveda supera los 1.000 habitantes gracias al éxito de su campaña de empadronamiento

El municipio de Sepúlveda ha logrado superar la barrera de los 1.000 habitantes tras el éxito de la campaña de empadronamiento “Para poder seguir siendo Sepúlveda: EMPADRÓNATE”, impulsada por el Ayuntamiento en los últimos meses.

El Consistorio quiere agradecer públicamente la implicación de todos los vecinos y personas vinculadas al municipio que han participado en esta iniciativa, cuyo objetivo era fomentar el empadronamiento entre quienes residen habitualmente en la localidad pero no figuraban en el padrón municipal.

Según los datos comunicados recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la cifra oficial de población de Sepúlveda a fecha 1 de enero de 2026 asciende a 1.019 habitantes, lo que supone un incremento de 40 personas respecto al año anterior, cuando el municipio contaba con 979 habitantes.

Este crecimiento demográfico permitirá a Sepúlveda mantener su actual representación municipal. En concreto, la cifra —que será oficial a partir de noviembre de 2026— servirá como referencia para las elecciones municipales previstas en mayo de 2027, garantizando la continuidad de los 9 concejales en el Ayuntamiento.

Desde el equipo de gobierno se considera que el objetivo principal de la campaña ha sido alcanzado, al lograr superar el umbral simbólico de los 1.000 habitantes. No obstante, se quiere insistir en la necesidad de continuar con la labor de concienciación para que todas las personas que residen la mayor parte del año en Sepúlveda formalicen su inscripción en el padrón.

El Ayuntamiento recuerda que el empadronamiento no solo responde a una obligación legal, sino que constituye un elemento clave para el desarrollo del municipio. El número de habitantes registrados influye directamente en la financiación que recibe la localidad a través de los tributos del Estado, en la dotación de servicios públicos y en el acceso a prestaciones sociales, educativas y sanitarias.

Asimismo, el padrón es determinante para optar a subvenciones de distintas administraciones, destinadas a la mejora de infraestructuras y servicios locales, aspectos esenciales para garantizar el futuro y la calidad de vida en Sepúlveda.

Publicación original

Los vecinos de Vellosillo indignados ante las mentiras del Ayuntamiento de Sepúlveda

El compromiso del Ayuntamiento de Sepúlveda y de la Diputación de Segovia, en concreto de su presidente, D. Miguel Ángel de Vicente Martín, fue construir un depósito de agua en Vellosillo, antes de verano de 2026, para abastecer a Duratón y a Vellosillo y evitar situaciones como la del pasado verano, en que los vecinos estuvieron sin agua 10 días. 9 meses más tarde del compromiso en medios y ante las comunidades de ambos pueblos, no solo no ha comenzado la obra, si no que no responden a los vecinos por ningún medio y, ante una pregunta directa sobre inversiones en infraestructuras hídricas. En esta entrevista en Cadena SER, el alcalde de Sepúlveda ni menciona el proyecto de construcción de esta infraestructura crítica. 

¿Qué ha pasado con el presupuesto asignado a esta obra? 

¿Qué ha pasado con el compromiso de construir un depósito en una de las pocas localidades de todo Segovia que no lo tiene? 

¿Por qué no nadie de la Administración responde a las llamadas o correos electrónicos de los vecinos de Vellosillo?

Enlaces relacionados:

Análisis sobre la situación del agua dulce en Segovia

Entrevistas a Benjamín Cerezo (Diputación de Segovia) y José Palermo (Ayuntamiento de Sepúlveda) sobre el apagón hídrico en Sepúlveda

Reportaje sobre la crisis del agua en Sepúlveda en la televisión de Castilla y LeónEl Norte de Castilla: Ocho días sin agua en cuatro pedanías de Segovia: «Ya no me acordaba de cuando te lavabas en una palangana»

El Nordeste de Segovia: Vellosillo, Duratón, Tanarro y Perorrubio llevan ocho días sin agua por una avería en la conducción desde Arcones

Entrevista en Radio Segovia (Cadena Ser) sobre la crisis del agua en Sepúlveda, después de 7 días sin agua corriente

Continúa el caos en el suministro del agua en los núcleos agregados de Sepúlveda

El laberinto del agua: meses sin respuestas en el nordeste de Segovia

Entrevista en Radio Segovia (Cadena Ser) sobre la avería de agua: después de 7 días sin agua corriente

Presentación del proyecto de recuperación del encierro con caballos de Sepúlveda

 

El municipio de Sepúlveda se enfrenta a un escenario preocupante de cara a las próximas elecciones municipales de 2027

El municipio de Sepúlveda se enfrenta a un escenario preocupante de cara a las próximas elecciones municipales de 2027. En la actualidad, el Ayuntamiento está compuesto por nueve concejales, pero esta representación podría reducirse a siete ediles si la localidad no logra superar el umbral de los 1.000 habitantes empadronados en la fecha de referencia oficial.

La reducción de población empadronada tendría consecuencias directas en la composición del Consistorio, con dos concejales menos en el salón de plenos, lo que implicaría una menor capacidad de trabajo y representación institucional para el municipio.

La situación reviste especial importancia en esta ocasión, ya que en noviembre de 2026 se aprobará la cifra oficial de población a 1 de enero de 2026, que será la que se tenga en cuenta para determinar el número de concejales que corresponderá a cada Ayuntamiento en las elecciones municipales de 2027.

La normativa electoral establece que el número de concejales se determina conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y en el artículo 14 del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, que regula los procesos electorales. Para ello, se utiliza la última cifra de población oficialmente aprobada por el Gobierno.

La escala vigente fija el número de concejales de la siguiente manera:Hasta 100 habitantes: 3 concejales (salvo Concejo Abierto)

• De 100 a 250: 5 concejales
• De 251 a 1.000: 7 concejales
• De 1.001 a 2.000: 9 concejales
• De 2.001 a 5.000: 11 concejales
• De 5.001 a 10.000: 13 concejales
• De 10.001 a 20.000: 17 concejales

Según ha podido saber El Pregonero de Sepúlveda, a día de hoy el municipio cuenta con 980 personas correcta y legalmente empadronadas, aunque la población residente habitual sería superior a esa cifra.

Fuentes jurídicas consultadas advierten que el artículo 16 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local establece que el padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio y que sus datos constituyen prueba de la residencia y del domicilio habitual. La normativa vigente obliga a toda persona que cambie de residencia dentro del territorio español a solicitar el alta en el nuevo municipio, pudiendo ser sancionado su incumplimiento por el Ayuntamiento correspondiente. Asimismo, el Consistorio puede iniciar de oficio expedientes de alta y sanción a aquellas personas que residan habitualmente en el municipio y no se encuentren debidamente empadronadas.

En este contexto, el Ayuntamiento de Sepúlveda puso en marcha recientemente la campaña “Para poder seguir siendo Sepúlveda: EMPADRÓNATE”, con la que hace un llamamiento a quienes residen la mayor parte del año en el municipio y aún no figuran en el padrón municipal.

No alcanzar el millar de habitantes no solo supondría la pérdida de representación política, sino también una merma en ayudas estatales, autonómicas y locales, además de una reducción significativa de los ingresos procedentes de la participación en los tributos del Estado, fundamentales para el mantenimiento de servicios públicos y prestaciones municipales.

Desde el Ayuntamiento han insistido en que empadronarse es un trámite rápido y sencillo, que puede realizarse tanto de forma presencial en las dependencias municipales como de manera online a través de la Sede Electrónica. En ambos casos es necesario presentar el DNI y un documento que acredite el domicilio en el municipio, como una escritura de propiedad, contrato de alquiler, autorización del propietario o una factura domiciliada a nombre del solicitante.

Por último, cabe recordar que los últimos datos que el Instituto Nacional de Estadística tendrá en cuenta para proponer la cifra oficial de población serán los que se remitan en febrero de 2026, un plazo clave para el futuro institucional de Sepúlveda.

Publicación original

Para poder seguir siendo Sepúlveda: EMPADRÓNATE

 

Los agricultores se planten no sembrar ya que las cuentas no salen

 

• Una organización agraria pedirá a los agricultores que no siembre cereales, si no cambia la situación actual

• ASAJA Ávila, Segovia y Valladolid denuncian con la máxima contundencia la situación de “emergencia” que viven los cerealistas de Castilla y León y de España.

La avalancha de cereal importado -fundamentalmente procedente de Ucrania- está hundiendo los precios en origen y empujando a miles de explotaciones familiares a la ruina, mientras el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León mantienen una “inaceptable pasividad” en fronteras y mercados interiores.

Precios hundidos

España se ha convertido en el principal receptor masivo de grano ucraniano en la Unión Europea. Solo en 2024 se importaron más de 10 millones de toneladas, tras la eliminación de aranceles decidida por Bruselas para favorecer a Ucrania. Esta avalancha ha hundido los precios en origen, saturado los puertos y desbordado cualquier capacidad de control.

Las autoridades europeas ya tuvieron que articular medidas de emergencia en 2023 para Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumanía y Eslovaquia, con un paquete de apoyo extraordinario aprobado por la Comisión Europea precisamente para compensar la distorsión provocada por el aumento de las exportaciones ucranianas.

Que esos países recibieran ayudas y medidas excepcionales es el precedente que ahora exigimos para España. Además, algunos Estados miembros como Polonia y Hungría adoptaron medidas nacionales adicionales, demostrando que la respuesta es posible cuando hay voluntad política.

Desde ASAJA señalan que “no podemos tolerar la entrada masiva de cereal producido bajo marcos de exigencia fitosanitaria, ambiental y laboral mucho más laxos que los impuestos a nuestros agricultores europeos. Esa competencia desleal está devaluando el producto nacional y menoscabando la viabilidad de las explotaciones españolas”.

Indican que el Ministerio debe ejercer controles estrictos en puertos y fronteras para impedir la entrada de partidas que vulneren requisitos y garanticen que no se permita la comercialización a precios de dumping.

La Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León tiene la obligación de aplicar la Ley de la Cadena Alimentaria y de impedir la venta por debajo de los costes de producción mediante inspecciones y sanciones ejemplares, añaden.

Reclaman medidas inmediatas y concretas

Por todo ello, ASAJA Ávila, Segovia y Valladolid reclaman medidas inmediatas y concretas:

1. Controles fitosanitarios y administrativos férreos en los puntos de entrada, reforzando el servicio de inspección de sanidad vegetal en frontera, que asegure igualdad de condiciones con el cereal nacional.
2. Aplicación estricta e inmediata de la Ley de la Cadena Alimentaria, sancionando las ventas a pérdidas que hoy son norma en el mercado.
3. Apertura de un expediente de ayudas directas al cereal español, de manera análoga a lo aprobado en 2023 para Polonia y Hungría, para compensar la distorsión competitiva causada por las importaciones excepcionales.
4. Convocatoria urgente, por parte del MAPA, de una mesa de crisis con organizaciones agrarias, cooperativas, industria, Comunidades Autónomas y Administración General del Estado para articular medidas de estabilización de precios, almacenamiento y valorización.

ASAJA Ávila, Segovia y Valladolid advierten con rotundidad: “sin una intervención decidida y rápida del Gobierno de España y de la Unión Europea, asistiremos a la desaparición de un sector estratégico para la soberanía alimentaria, la conservación del territorio y el tejido socioeconómico rural. La pasividad actual no solo es inaceptable desde el punto de vista económico, es una negligencia política que multiplica la dependencia exterior y acelera el abandono del campo”.

Pedir que no siembren

Esta situación “límite” está llevando a que los agricultores se planten no sembrar ya que las cuentas no salen. Desde ASAJA, si no cambia la situación en las próximas fechas, y comprometidos con la viabilidad de las explotaciones, va a pedir a los agricultores que no se siembre.

Lamentan que el campo de Castilla y León actualmente está parado y las máquinas no se mueven y la previsión es que no lo hagan próximamente, porque el sector no puede aguantar más esta situación tan injusta

Por ello, exigen “respuestas ahora, no parches tardíos ni discursos vacíos. O se protege y se compensa al cereal español con las mismas herramientas que ya se han aplicado en otros Estados miembros, o las consecuencias serán irreversibles”.

Publicación original

Lo que el fuego del Pico del Lobo nos enseña y nos interpela

 

El incendio del Pico del Lobo ha dejado al descubierto más que cenizas: expone la fragilidad de nuestros montes, la falta de prevención, la descoordinación administrativa y las consecuencias del cambio climático. Rafael Fernández Cañas, periodista y vecino de La Pinilla, reflexiona sobre una tragedia que debe servir como llamada urgente a la acción colectiva.

Leer publicación

Ideas para fomentar el relevo generacional sostenible en el mundo rural

El campo atraviesa una encrucijada decisiva. El problema del relevo generacional no es nuevo, pero los datos más recientes muestran que se agrava. Entre 2020 y 2023, se perdieron un 12,4 % de las explotaciones agrarias, quedando en 784.141, mientras que la superficie agrícola utilizada se mantuvo prácticamente estable. El resultado es una concentración creciente de tierras, con explotaciones de mayor tamaño medio (30,4 ha, un 13 % más que hace tres años). Esta tendencia confirma que las explotaciones que desaparecen no se sustituyen por nuevas, sino que las tierras pasan a engrosar proyectos más grandes, indicando una tendencia clara hacia la concentración de tierras y explotaciones más grandes, lo que plantea barreras para quien entra al campo ahora, especialmente jóvenes.

Detrás de estos números se esconde un rasgo estructural: el modelo agrario sigue siendo mayoritariamente individualizado. Una parte muy importante de las explotaciones están registradas a nombre de una sola persona física. Esto significa que las personas productoras son quien deben asumir en solitario la inversión, la carga de trabajo y el riesgo empresarial. Aunque las cooperativas agrupan a más de un millón de socios en el Estado y representan alrededor de 3.600 entidades, su papel se centra muchas veces en la comercialización o en la provisión de servicios, mientras que la titularidad jurídica de las explotaciones sigue siendo individual y los esquemas de trabajo, también.

Por otro lado, la PAC ha favorecido un modelo productivo altamente especializado y orientado al monocultivo, ya que gran parte de las ayudas se vinculaban a la superficie de determinados cultivos o a producciones concretas.

La suma de la individualización, la alta especialización y la orientación al monocultivos, suponen una gran barrera para enfrentar el problema del relevo generacional por varias razones:

• Fragilidad económica: las explotaciones dependen de un solo cultivo o actividad, con ingresos muy variables según precios de mercado, crisis de mercados, costes de insumos o políticas agrarias.
• Sobrecarga laboral y falta de conciliación: el agricultor o ganadero que trabaja en solitario se ve obligado a asumir jornadas muy largas, incluidos fines de semana y festivos, con muy pocas vacaciones. Esta situación resulta poco atractiva para los jóvenes, que no ven en el sector un proyecto vital compatible con la vida personal y familiar.
• Dificultad en la transmisión: los jóvenes heredan explotaciones sobredimensionadas en deuda, poco atractivas laboralmente y con baja resiliencia.
• Impacto ambiental: los monocultivos reducen la biodiversidad, empobrecen el suelo, aumentan la dependencia de insumos externos (como agroquímicos y combustibles fósiles) y hacen menos resiliente al sistema frente al cambio climático.
• Aislamiento social: el agricultor individual queda expuesto y sin apoyos frente a la volatilidad del mercado y la presión de la cadena agroalimentaria.

El envejecimiento del sector es otro factor crítico: la presencia de jóvenes menores de 40 años en la titularidad agraria es minoritaria, con cifras que rondan apenas el 8–9 % de perceptores de ayudas de la PAC. En paralelo, la incorporación de nuevos profesionales exige habitualmente comprar tierra y maquinaria, lo que dispara la necesidad de endeudamiento y actúa como una barrera de entrada.

Sin embargo, la realidad demuestra que el campo no está condenado a seguir esta senda. Las experiencias de cooperativas de trabajo, sociedades agrarias de transformación, proyectos agroecológicos diversificados o grupos de pastoreo planificado muestran que es posible organizar el trabajo de forma más colectiva, repartir riesgos y responsabilidades, y al mismo tiempo mejorar la calidad de vida de los profesionales. Estos modelos no solo hacen viable el relevo, sino que pueden atraer a jóvenes que ven en la agricultura y la ganadería no solo un modo de vida, sino también un proyecto con impacto ambiental y social.

La agricultura ecológica y regenerativa añade otra capa de oportunidad. España ya dedica más del 10 % de su superficie a la producción ecológica, y la demanda no deja de crecer. Integrar prácticas regenerativas —agroforestería, rotaciones complejas, pastoreo holístico— no solo mejora la resiliencia climática y la fertilidad del suelo, sino que conecta con una sociedad cada vez más consciente de la importancia de consumir alimentos producidos de forma sostenible.

En este contexto, el reto del relevo generacional no puede limitarse a “ayudar a la gente jóven a incorporarse” bajo el mismo esquema individual que ya no funciona. La cuestión central es transformar el modelo productivo hacia estructuras más cooperativas, diversificadas y regenerativas, capaces de ofrecer futuro, calidad de vida y sentido.

Un enfoque colectivo, que además diversifique producciones y adopte principios de agroecología regenerativa, ofrece un horizonte mucho más sólido y atractivo para el relevo generacional:

• Conciliación y calidad de vida: al trabajar en colectivo es posible organizar turnos y rotaciones que permitan descansos, fines de semana libres y vacaciones. Esto hace que la profesión agraria sea más atractiva y sostenible para las nuevas generaciones.
• Reducción de riesgos: compartir inversiones, infraestructuras y maquinaria disminuye costes fijos y facilita el acceso a nuevos productores.
• Diversificación productiva: integrar distintos cultivos, ganadería, agroforestería y transformaciones locales reduce la vulnerabilidad económica y abre nuevas oportunidades de mercado.
• Resiliencia ecológica: los sistemas regenerativos restauran la fertilidad del suelo, mejoran la infiltración y retención de agua y aumentan la biodiversidad, garantizando un futuro productivo en el contexto del cambio climático.
• Fortaleza social y territorial: la cooperación fomenta el aprendizaje intergeneracional, el arraigo al territorio y la creación de comunidades rurales vivas.
• Facilitar la entrada de jóvenes con menos deuda y más acompañamiento.
• Hacer del sector agrario una profesión con condiciones de vida dignas, conciliables con la vida personal.
• Ofrecer un modelo económicamente viable y ambientalmente sostenible, que no solo garantice la continuidad, sino que también regenere el territorio y fortalezca la soberanía alimentaria.

Pero toda esta transición no va a ser fácil; existe un complejo e intrincado marco normativo, institucional, político y de mercado que empuja al sector precisamente en la dirección contraria, por lo que se hace necesario desarrollar una estrategia estatal que permita mover el marco y permitir la transición agroecológica necesaria.

Propuestas para un relevo generacional sostenible

• Fomentar la titularidad y gestión colectiva: incluir como criterio prioritario en las ayudas la constitución de cooperativas, sociedades agrarias de transformación (SAT), titularidad compartida u otras figuras colectivas.
• Facilitar el acceso a la tierra: bancos de tierras públicos, arrendamientos sociales o fórmulas de cesión temporal para jóvenes o colectivos que quieran iniciar proyectos colectivos.
• Diseñar apoyos económicos específicos: subvenciones y créditos preferenciales para quienes apuestan por diversificación, producción ecológica, transformación en origen o comercialización directa.
• Promover la conciliación laboral: apoyos para servicios compartidos (maquinaria, gestión, administración), rotaciones entre titulares o asociados para asegurar fines de semana y vacaciones; incentivos para modelos de explotación con distribución de cargas.
• Formación y transferencia de conocimiento: programas para jóvenes que combinen formación en agroecología, gestión cooperativa, innovación y comercialización, con acompañamiento técnico y mentorías.
• Potenciar mercados locales y contratación pública: que las autoridades públicas compren productos de origen local, de productores colectivos y ecológicos; promoción de circuitos cortos de comercialización.
• Reconocer y financiar los servicios ecosistémicos: introducir criterios en las ayudas públicas que premien la conservación de biodiversidad, la gestión de montes y comunales, la mejora del suelo, la gestión sostenible del agua, etc.

Publicación original

Primer proyecto de absorción de huella de carbono en la provincia de Segovia: Riaza

El Consistorio ha inscrito en el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono del Ministerio de Transición Ecológica el primer proyecto de absorción en un monte de utilidad pública

El proyecto denominado ‘Bosque de Bascaboso’ se ubica en la localidad de Aldeanueva del Monte — pedanía de Riaza— se extiende por 20,44 ha y tiene objetivo protector, en concreto para la protección y formación del suelo, fijación de carbono, aumento de la biodiversidad, mejora de la calidad paisajística y generación de bioeconomía a través de productos naturales renovables.

Para la repoblación forestal se han empleado cinco especies autóctonas —dos coníferas y tres frondosas—. En la ingeniería del proyecto se han tenido en cuenta, entre otras cuestiones, las características del suelo y las proyecciones de los diferentes escenarios de cambio climático del IPCC —Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático—.

El Ayuntamiento ha contado con la colaboración del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia de la Junta de Castilla y León, de la Asociación de Vecinos de Aldeanueva del Monte y de la empresa soriana Fora Forest Technologies SLL.

Se prevé que el proyecto fije 6.068 tCO2 en 50 años, por lo que el municipio cuenta desde el día de inscripción con 1.104 tCO2, créditos disponibles en el mercado voluntario de carbono o bien para compensar la propia huella municipal.

Publicación original

El movimiento social ‘Salvemos el mundo rural agredido’ saldrá a las calles de Madrid el 5 de octubre para pedir soluciones al Gobierno y CCAA

 

El movimiento social ‘Salvemos el mundo rural agredido’ ha hecho público recientemente su manifiesto previo con el fin de dar a conocer a la ciudadanía en general los motivos por los que más de 400 colectivos saldrán a las calles de Madrid el 5 de octubre.

Su coordinadora, formada por representantes de las diferentes reivindicaciones que se presentan, han estado durante este verano avanzado en los preparativos para la celebración de la manifestación de Madrid el 5 de octubre, la cual discurrirá entre la Plaza de Colón y la de Neptuno, pasando por Paseo de Recoletos, Plaza de Cibeles y Paseo del Prado.

El mencionado manifiesto es un documento que recoge las distintas reivindicaciones de los colectivos convocantes que lanzan unidos una protesta dirigida directamente al Gobierno de la Nación y a los gobiernos de las comunidades autónomas, responsables de la situación que vive en la actualidad el mundo rural.

El texto hace un balance previo de lo poco o nada que se ha avanzado desde que en 2019 la Revuelta de la España vaciada saliera a las calles de Madrid para protestar por el abandono institucional de los territorios despoblados, ya que “no se han adoptado medidas coherentes y efectivas que reviertan el proceso de pérdida de población, ni se han aprovechado los fondos de la Unión Europea para hacer frente al desequilibrio territorial y a las desigualdades del mundo rural”.

Los convocantes critican que los fondos europeos se hayan utilizado en proyectos extractivistas “disfrazados como exigencias de la transición energética o de interés estratégico, y que solo contribuyen a la despoblación, la desigualdad, y la destrucción del espacio natural y nuestra soberanía alimentaria”, convirtiendo el mundo rural en “territorio de sacrificio”.

Las reivindicaciones se centran en tres grandes ejes: la denuncia a las agresiones sufridas por el territorio rural; la exigencia de un cambio en las políticas que afectan al mundo rural; y la propuesta de medidas que protejan los ecosistemas naturales y sociales del mismo.

Son varias las luchas que los movimientos ciudadanos están llevando a cabo, y que el manifiesto recaba organizadas por sectores. Por un lado, se combaten los proyectos de macrorrenovables, que invaden el paisaje “con centrales fotovoltaicas y eólicas de dimensiones descomunales al amparo de una supuesta transición ecológica que no respeta ni el patrimonio natural ni los sectores económicos del medio rural, como la agricultura, la ganadería o el turismo rural”.

En esa invasión se encuentran también, por un lado, los cientos de proyectos de centrales de biogás y biometano que sumergirá a la España vaciada, según apuntan, “en un círculo vicioso” de producción de más residuos contaminantes para la obtención de más energía destinada a la demanda extranjera.

Y, por otro lado, las macrogranjas, modelo de producción agroindustrial dependiente del mercado global y altamente contaminante, que pone en serio peligro los recursos hídricos y afectan a la salud. Ante ambos modelos se pide el respaldo a la agricultura y ganadería familiar y sostenible, “ganadería extensiva crucial para el cuidado del monte y la prevención de incendios”, y que permitirá garantizar una soberanía alimentaria de calidad y una economía circular.

Otro de los pilares del manifiesto, íntimamente ligado a las dos reivindicaciones anteriores, así como al sector de la minería, a los centros de datos y al turismo insostenible, es el uso descontrolado de los recursos hídricos. La denuncia se centra en la presión ejercida sobre el agua “en beneficio de producciones intensivas que destruyen los ecosistemas y contaminan los acuíferos”.

Por su parte, los colectivos que están en contra del extractivismo minero a gran escala que busca hacerse con el control de los minerales y tierras raras necesarios para las nuevas industrias tecnológicas y energéticas, denuncian que se están destruyendo paisajes, contaminando acuíferos, esquilmando recursos, sin tener en consideración la “minería urbana” como forma avanzada de reciclaje y recuperación de materiales.

Así mismo, aunque no es la primera vez que se aboga por ello, en el contexto actual toma más relevancia la exigencia de un “incremento de presupuesto y dotaciones de los efectivos antiincendios, la no privatización de estos recursos y una planificación de prevención de incendios anual y estructurada”.

Pero además de estos ataques directos a los recursos naturales del mundo rural, se hayan en el manifiesto otras demandas asociadas al abandono institucional en materia de servicios públicos (sanidad, educación, transporte público…); en infraestructuras (carreteras y ferrocarril), “vías de comunicación en los territorios de la España vaciada planificadas desde hace décadas”, que faciliten su desarrollo en igualdad de condiciones y no la condenen al desequilibrio territorial; así como la exigencia de políticas en vivienda para el territorio rural, que favorezcan el asentamiento de nuevos pobladores y la emancipación y retorno de población joven.

El manifiesto, el formulario para la adhesión de más colectivos, y el modo de adquisición de bonos para colaborar con los gastos se pueden encontrar en su blog www.salvemoselmundorural.com