sábado, 26 de julio de 2025

La pesadilla de ser autónomo en España




Emprender en España es como darse cabezazos contra un muro. «Lo único que se puede emprender en España es la retirada». Así empieza Carlos Granés una de sus brillantes columnas en THE OBJECTIVE. Y no le falta razón. Ser emprendedor en España es el infierno en vida. ¿Quieres montar un negocio? Prepárate para descifrar un laberinto de leyes, normativas, licencias, requisitos y trámites imposibles que la administración pública te lanza como si fuera un castigo.

La gestión administrativa es un obstáculo permanente. Los autónomos debemos lidiar con un sinfín de obligaciones: declaraciones trimestrales de IVA, retenciones de IRPF, presentación de modelos fiscales como el 303 o el 130, y una desesperante adaptación a normativas que cambian sin previo aviso. La complejidad de estas exigencias, junto con la falta de formación en gestión fiscal, nos obliga a muchos a contratar asesores, lo que dispara los costes operativos. A pesar de ser el pilar del tejido económico español, los autónomos enfrentamos una carga fiscal y burocrática que lastra nuestro día a día. La morosidad es otro problema endémico: más del 50% de los autónomos sufrimos retrasos en los pagos, especialmente cuando trabajan con grandes empresas o, peor aún, el sector público. Esto, sumado a la obligación de adelantar el IVA de facturas no cobradas, genera ansiedad perenne. La falta de liquidez es una espada de Damocles que llevamos encima y que puede llevar al cierre de nuestro negocio.

Las cuotas de la Seguridad Social, ajustadas en 2023 por nuestro querido gobierno de «progreso» y revisadas en 2025, oscilan ahora entre 200 y 590 euros mensuales según los ingresos reales. Este sistema golpea especialmente a los autónomos con ingresos bajos o irregulares, que representan el 60% del colectivo, facturando menos de 20.000 euros anuales, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Para los autónomos estas cuotas son asfixiantes. A esto se suma la ausencia de un IVA franquiciado, un mecanismo que exime del pago de este impuesto a pequeños empresarios y que existe en países como Francia o Italia. España es el único país europeo sin esta medida, lo que nos obliga a los autónomos a adelantar el IVA incluso con márgenes mínimos, agravando los problemas de liquidez. De hecho, la Comisión Europea abrió un expediente de infracción contra España en febrero de 2025 por este incumplimiento, con un plazo de un mes para adaptarse, pero no ha habido ningún avance.

Los trabajadores por cuenta propia carecemos de muchas garantías que los trabajadores por cuenta ajena dan por sentadas. Las bajas por enfermedad no están remuneradas de forma inmediata, y las prestaciones por cese de actividad son prácticamente inaccesibles: según la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), solo el 5% de los autónomos tiene acceso a ellas. Además, las largas jornadas son la norma: el 22% trabaja más de 10 horas al día (algunos, incluso más), según encuestas de ATA, para compensar ingresos bajos y cuotas fijas. El descanso es un lujo que pocos se pueden permitir: el 32% dispone de apenas 10 días de vacaciones al año, a diferencia de los empleados con contratos laborales.

La jubilación es otro infierno. Mientras los trabajadores del régimen general se jubilan a los 64,6 años de media, los autónomos lo hacemos a los 66,2, según datos recientes, tras años de cotizaciones que no garantizan una pensión digna. El descontento es generalizado. Según un informe de 2025 de la Confederación Intersectorial de Autónomos y Emprendedores (CIAE), el 97% de los autónomos siente que las políticas públicas no les apoyan.

Suben los impuestos sin parar, pero los servicios públicos también son un maldito desastre: apagones, trenes que no llegan, caos en los aeropuertos. ¿Y qué recibimos a cambio? Nada. Solo más facturas y menos ganas de seguir. Encima, por primera vez en España, hay más funcionarios que autónomos. ¡Normal! Como dice Alberto Olmos: «Ser un esclavo humillado y robado diariamente o una cortesana bien pagada por hacer el mínimo, ¿qué eliges?». No puede tener más razón. ¿Quién quiere ser un siervo de la gleba, trabajando de sol a sol, cuando puedes ser un paniaguado mimado por el sistema cuyo único incentivo es rascarse la barriga? Trabajamos la mitad del año para el Estado. Y el Estado, a través de la agencia tributaria nos exprime sin piedad.

La Agencia Tributaria actúa como un depredador insaciable. Desde el vampiro Montoro hasta la vampiresa Montero, solo nos chupan la sangre. Muchos han visto sus cuotas duplicarse bajo el actual gobierno, mientras luchan por mantener sus negocios a flote. El sistema está podrido de arriba abajo. Emprender es un calvario. Prepárate para una legión de gestores, asesores, asesores de los asesores, abogados… Prepárate para protocolos, inspecciones, sablazos… Parece que te torturan por querer generar riqueza. Porque sí, son las empresas y los autónomos los verdaderos creadores de riqueza.

A todo esto, hay que añadir que los autónomos no se quejan en voz alta; sufren en silencio. Yo no lo haré, a riesgo de que me caiga una inspección fiscal. Este artículo, escrito en un día festivo como el de Santiago, refleja una triste realidad: los autónomos no descansamos. Emprender en España no es solo difícil; es un acto de resistencia frente a un sistema demoniaco que parece despreciar a quienes lo sostienen.





viernes, 25 de julio de 2025

Entrevistas a Benjamín Cerezo (Diputación de Segovia) y José Palermo (Ayuntamiento de Sepúlveda) sobre el apagón hídrico en Sepúlveda

 

Entrevistas en Cadena Ser de los representantes de la Administración involucrados en la reparación de fortuna de la red de suministro de agua de los núcleos agregados de Sepúlveda:


José Palermo, concejal de Urbanismo de Sepúlveda, explica las averías que han dejado a 4 pedanías sin agua más de una semana

Algunas perlas de las entrevistas:


"Cuando sale un problema como este hay que buscar una solución urgente"
"Si hay que recortar unas fiestas habrá que recortar"


"La red tiene más de 60 años y en los últimos 10 o 12 años no ha tenido ningún tipo de mantenimiento. Puede volver a producirse una avería"


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miércoles, 23 de julio de 2025

Reportaje sobre la crisis del agua en Sepúlveda en la televisión de Castilla y León


Cuatro pueblos de la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda llevan más de una semana sin agua en sus casas. Vellosillo, Duratón, Perorrubio y Tanarro. No se trata de un problema de calidad en el agua, si no que este ni siquiera llega a los grifos de sus casas, el problema una avería, recurrente que se agrava cada vez que llega el verano.





El Norte de Castilla: Ocho días sin agua en cuatro pedanías de Segovia: «Ya no me acordaba de cuando te lavabas en una palangana»



 


Los 200 vecinos de Vellosillo, Tanarro, Perorrubio y Duratón sufren cortes frecuentes por un red de 1971 obsoleta


Una semana después, los 200 vecinos que viven en cuatro pedanías de Sepúlveda –Perorrubio, Vellosillo, Duratón y Tanarro– pasaron al primer plano y acabaron en la tarde de ayer por movilizar a Canto Blanco, una zona reconocible por una gran piedra, a la plana mayor de la Diputación de Segovia, con su presidente, Miguel Ángel de Vicente. Allí había reventado el martes pasado una tubería que trae el agua de Arcones desde 1971, la última avería de una zona con un padrón humilde. Por eso cuenta los días sin agua y la década pasada llegó a acumular un año con 50. Esta vez son ya ocho seguidos. Pese al paliativo del agua embotellada, llevan una semana llenando garrafas en el manantial para la huerta, la cisterna o ducharse. Hoy anotarán el día 9.

Publicación original 

Por  Luis Javier González 





 

El Nordeste de Segovia: Vellosillo, Duratón, Tanarro y Perorrubio llevan ocho días sin agua por una avería en la conducción desde Arcones

 


La crisis hídrica que afecta a las pedanías de Sepúlveda podría resolverse mañana mismo, según ha informado el alcalde de la localidad, aunque los vecinos reclaman una solución definitiva a un problema estructural que se repite cada año e inversión urgente en infraestructuras hídricas.

Las pedanías de Vellosillo, Duratón, Tanarro y Perorrubio, pertenecientes al municipio de Sepúlveda, llevan ocho días completos sin suministro de agua debido a una avería en la antigua conducción que trae el agua desde Arcones. La situación afecta a más de 200 personas, incluyendo población flotante que ha llegado para pasar el verano.

Silvia García, presidenta de la asociación de vecinos de Vellosillo y representante del núcleo agregado ante el Ayuntamiento de Sepúlveda, explicó en una entrevista radiofónica que "no es que no haya agua potable, no hay agua de ningún tipo. No tenemos agua para las cisternas de los baños, no tenemos agua para lavar, no tenemos agua para cocinar". 

Un problema recurrente desde hace décadas

La avería actual no es un caso aislado. Según García, los vecinos han documentado estadísticas que revelan hasta 50 días sin agua a lo largo del año en anteriores ocasiones, aunque nunca de forma consecutiva como en esta ocasión. "La traída de agua que llega desde Arcones es una instalación muy antigua que viene de los años 60-70 y que repetidamente nos deja sin agua", denunció.
 
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lunes, 21 de julio de 2025

Entrevista en Radio Segovia (Cadena Ser) sobre la crisis del agua en Sepúlveda, después de 7 días sin agua corriente

 

 

Los medios se hacen eco del problema de acceso a agua corriente en Duratón, Perorrubio, Tanarro y Vellosillo.




viernes, 11 de julio de 2025

Cinco de las siete entidades del nordeste de Segovia se quedan sin financiación para la gestión de residuos (Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda se queda fuera)


La Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León ha resuelto las ayudas anuales destinadas a mancomunidades, destinando 2.015.603,56 euros en la provincia de Segovia. Sin embargo, de las siete mancomunidades que operan en el nordeste provincial, solo dos han resultado beneficiadas, dejando a cinco entidades sin apoyo económico para modernizar sus servicios.

Reparto desigual en el nordeste de Segovia

En nuestra comarca, únicamente la Mancomunidad del Nordeste (Ayllón) y la Mancomunidad Hontanares (Riaza) han conseguido ayudas. La primera destinará la subvención a una trituradora de restos de poda, mientras que la segunda invertirá en un camión de recogida de residuos sólidos urbanos.

Quedan fuera de las ayudas cinco mancomunidades del nordeste:Mancomunidad Hornuez (Campo de San Pedro)
  • Mancomunidad La Sierra (Prádena) - que sí fue beneficiada en la convocatoria anterior de marzo con una retroexcavadora
  • Mancomunidad La Pedriza (Urueñas)
  • Mancomunidad Valle del Riaza (Fuentespina)
  • Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda (Sepúlveda)
Avances desiguales en infraestructuras

No obstante, hay que reconocer que la comarca del nordeste ha experimentado algunos avances significativos en convocatorias anteriores. La Mancomunidad La Sierra consiguió en marzo pasado una retroexcavadora que ya está operativa en Prádena, mejorando notablemente la capacidad de mantenimiento de caminos y infraestructuras rurales.

Más relevante aún es la construcción del Punto Limpio de Ayllón, una infraestructura de más de 400.000 euros de inversión financiada con ayudas autonómicas anteriores. Esta instalación, que ya cuenta con informe ambiental favorable, dará servicio a siete municipios de la comarca que suman más de 1.400 habitantes permanentes y hasta 5.200 en periodos vacacionales.

Problemas estructurales persistentes

Sin embargo, pese a estos avances, esta distribución desigual de recursos pone de manifiesto las carencias que persisten en la gestión de residuos en el medio rural. Los municipios más pequeños siguen enfrentándose a serias dificultades para el tratamiento adecuado de residuos que requieren gestión especializada.

El futuro Punto Limpio de Ayllón, aunque supone un avance importante, todavía no está operativo, por lo que la situación actual sigue siendo problemática. Mientras tanto, la falta de infraestructuras y medios económicos provoca que materiales que deberían ir a punto limpio —como electrodomésticos, muebles, restos de construcción, aceites usados o productos fitosanitarios— acaben abandonados en campos y bosques de la comarca. Esta práctica, además de constituir un delito ambiental, genera un grave impacto ecológico y paisajístico en nuestro entorno natural.

Insuficiencia de las ayudas

Aunque la delegada territorial, Raquel Alonso, defiende que estas ayudas demuestran la "eficacia administrativa" de las mancomunidades, la realidad es que las necesidades superan ampliamente los recursos disponibles. Los 831.811,60 euros que aporta la Junta a nivel provincial resultan claramente insuficientes para abordar los problemas estructurales del medio rural.

La ausencia de camiones especializados, contenedores adecuados y puntos limpios accesibles obliga a muchos vecinos a recorrer decenas de kilómetros para deshacerse correctamente de sus residuos, lo que en la práctica incentiva el abandono indiscriminado.

Consecuencias medioambientales actuales

Mientras se espera la puesta en marcha del Punto Limpio, los técnicos municipales y agentes medioambientales constatan regularmente la presencia de vertederos ilegales en parajes naturales de la comarca. Electrodomésticos en barrancos, restos de poda en cauces de arroyos, y materiales de construcción en terrenos forestales son una constante que las administraciones no logran erradicar.

Esta situación se agrava en municipios con población muy dispersa y envejecida, donde el desplazamiento al punto limpio más cercano supone un esfuerzo desproporcionado para los vecinos, especialmente para las personas mayores sin vehículo propio.

Llamada a la acción

Mientras la Junta destaca que el 90% de los municipios castellanoleoneses pertenecen a alguna mancomunidad, la pregunta que surge es si estas entidades cuentan realmente con los medios necesarios para ofrecer un servicio eficaz a sus ciudadanos.

Las cinco mancomunidades del nordeste que han quedado fuera de esta convocatoria deberán seguir gestionando sus servicios con medios obsoletos, perpetuando un modelo que penaliza al medio rural y contribuye al deterioro medioambiental de nuestro territorio.

Es necesario que la Junta revise sus criterios de distribución y garantice que todas las mancomunidades dispongan de los recursos mínimos para ofrecer un servicio digno a sus vecinos, evitando así que la gestión inadecuada de residuos siga siendo el precio que paga nuestro entorno natural por la falta de inversión pública.



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jueves, 10 de julio de 2025

El laberinto del agua: meses sin respuestas en el nordeste de Segovia




Nueve municipios del nordeste de Segovia han distribuido durante meses agua oficialmente clasificada como "no apta para el consumo", afectando a más de 1.000 habitantes. Los análisis detectaron desde bacterias como E.coli hasta compuestos cancerígenos, pero los resultados tardaron meses en hacerse públicos. Mientras PRODESTUR, la Junta y los ayuntamientos se echan la culpa, los ciudadanos siguen sin saber cuándo tendrán garantías reales de que su agua es segura. Un caso que trasciende lo local para mostrar las deficiencias del sistema de alerta sanitaria en el medio rural español.


María, vecina de Cerezo de Abajo, recuerda perfectamente cuándo empezó a comprar agua embotellada para beber. Fue en septiembre del año pasado, cuando se corrió la voz en el pueblo de que "había algo en el agua". Lo que no sabía entonces es que su pequeño municipio, junto a otros ocho del nordeste segoviano, llevaba meses distribuyendo agua oficialmente clasificada como "NO APTA PARA EL CONSUMO" según los registros del Sistema Nacional de Información del Agua de Consumo (SINAC).

Los análisis oficiales, realizados por laboratorios acreditados entre agosto de 2024 y abril de 2025, detectaron problemas de muy diversa índole: desde presencia de bacterias como E.coli —que sugiere contaminación de origen fecal— hasta niveles químicos por encima de los límites legales y agua corrosiva que daña las tuberías. Nueve municipios en total, según confirma ahora PRODESTUR, la empresa pública que gestiona el abastecimiento: 1.031 habitantes viviendo durante meses con agua que no cumplía los estándares de potabilidad.

Cuando nadie sabe quién manda

El caso del agua en el nordeste segoviano trasciende el problema técnico para convertirse en un ejemplo perfecto de cómo funciona —o no funciona— la administración española cuando se trata de proteger un derecho básico. Tres administraciones implicadas, competencias difusas y un ciudadano perdido en medio de un laberinto burocrático donde nadie asume la responsabilidad final.

PRODESTUR, la empresa pública de la Diputación de Segovia, gestiona el abastecimiento en 101 municipios de la provincia. Cuando se detecta un problema, toma una segunda muestra "dentro de las 24 horas siguientes". Pero reconoce que el análisis "no es inmediato" y que solo informa a la población "de confirmarse de nuevo resultados por encima del valor de incumplimiento". Resultado: los ciudadanos pueden pasar semanas sin saber que el agua que beben no es segura.

La Junta de Castilla y León, a través de su Servicio Territorial de Sanidad, afirma que supervisa pero que "la competencia sobre el control del agua de consumo humano corresponde a los ayuntamientos" según el Real Decreto 3/2023. Cuando se les pregunta por detalles sobre la gestión de esta crisis, remiten las consultas telefónicas sin respuesta y derivan responsabilidades hacia la legislación nacional.

Los ayuntamientos, muchos de ellos con poblaciones que no llegan a los 200 habitantes, son oficialmente los responsables del control de calidad del agua según la normativa. Pero carecen de recursos técnicos para gestionar problemas complejos de contaminación bacteriológica o química por lo que, en general, delegan la competencia a la Diputación.

El procedimiento que falla

La normativa es clara: cuando se detecta agua no apta para el consumo, debe comunicarse a los ciudadanos "lo antes posible y, en cualquier caso, en menos de 24 horas". La realidad es bien distinta.

Cerezo de Abajo registró presencia de E.coli y bacterias coliformes en un análisis de agosto de 2024 que no se hizo público hasta octubre, dos meses después. Los análisis de abril de 2025 seguían detectando problemas microbiológicos en varios núcleos de Riaza. En Casla y Prádena se detectaron en febrero y marzo niveles de ácidos haloacéticos —compuestos clasificados como posibles cancerígenos por la Organización Mundial de la Salud— por encima del límite legal, pero estos resultados no se conocieron hasta junio.

Esta demora de meses entre el análisis y la publicación de resultados pervierte la función de alerta que debería tener el control sanitario del agua. Mientras tanto, la población afectada siguió consumiendo agua contaminada sin saberlo. No todos los municipios presentan estas demoras: en Sepúlveda, por ejemplo, los análisis de junio aparecieron publicados el mismo mes, lo que evidencia que la gestión burocrática varía según quién solicite los análisis y cómo gestione su publicación en el SINAC.

PRODESTUR asegura ahora que en Casla y Prádena "no se confirmó el incumplimiento" porque "las segundas muestras analizadas dieron valores inferiores". En cuanto a las medidas concretas para solucionar los problemas, la empresa pública responde que "depende de los acuerdos adoptados en cada uno de ellos" y que "la mayoría de los municipios afectados, o bien distribuyen agua embotellada o disponen de un suministro especial".

La información que no llega

El Sistema de Información Nacional del Agua de Consumo (SINAC) es, en teoría, la herramienta que permite a cualquier ciudadano consultar la calidad del agua de su municipio. Los datos están ahí, accesibles para quien sepa buscarlos. Pero la información no es precisamente clara para el ciudadano medio: códigos de laboratorio, valores paramétricos y clasificaciones técnicas que requieren conocimientos especializados para ser interpretados.

La tardanza en conocer los resultados no es solo una cuestión burocrática: tiene consecuencias reales sobre la salud pública. Los ácidos haloacéticos detectados en febrero en Casla y Prádena, cuyos resultados no se conocieron hasta junio, están clasificados por la Organización Mundial de la Salud como posibles carcinógenos y estudios recientes los asocian con retraso del crecimiento fetal durante el embarazo.

Fuentes sanitarias locales confirman que al menos dos embarazadas de la zona han requerido seguimiento médico especial tras conocerse los niveles elevados de estos compuestos, y en un caso se optó por adelantar el parto como medida preventiva. "No podemos establecer una relación directa, pero cuando hay factores de riesgo conocidos, hay que actuar con precaución", explica una fuente médica que prefiere mantener el anonimato.

El problema se agrava porque no existe certeza sobre cuándo se realizarán nuevos análisis. Los períodos entre controles pueden ser de meses, lo que significa que si los niveles vuelven a elevarse —por ejemplo, con las lluvias otoñales o cambios en el proceso de cloración— podrían pasar meses hasta detectarlo y otros tantos hasta que la información llegue a los ciudadanos.

Un problema resuelto... sobre el papel

Según las administraciones consultadas, todos los problemas detectados están ahora "subsanados". El Servicio Territorial de Sanidad asegura que "todos los incumplimientos reseñados a día de hoy están subsanados, excepto el índice de Langelier (que no afecta a la potabilidad)". PRODESTUR confirma que actualmente hay 9 municipios con agua no apta, pero no especifica cuáles ni por qué motivos.

Los datos del SINAC, sin embargo, no reflejan esta supuesta normalización. Los últimos análisis publicados en muchos de estos municipios siguen siendo los que detectaron los problemas, sin que aparezcan análisis posteriores que confirmen la subsanación. Esta desactualización de la información pública genera más dudas que certezas entre una población que ha perdido la confianza en la gestión del suministro. Sin saber cuándo se realizarán los próximos análisis completos ni cuándo se publicarán sus resultados, los ciudadanos viven en una especie de limbo informativo donde no pueden estar seguros de la calidad real del agua que consumen día a día.

Más allá de los aspectos técnicos y administrativos, el caso del agua en el nordeste segoviano tiene un coste humano y económico que trasciende las cifras oficiales. Familias que llevan meses comprando agua embotellada, negocios rurales que dudan sobre la calidad del servicio que ofrecen, y una población que ha perdido la confianza básica en que al abrir el grifo salga agua segura.

Esta desconfianza se extiende más allá del agua. Cuando un sistema de alerta sanitaria tarda meses en funcionar, cuando los análisis de febrero se conocen en junio y cuando nadie puede garantizar cuándo se volverá a analizar el agua, se resiente la credibilidad del conjunto del sistema. Los ciudadanos pierden la fe en que las administraciones tengan realmente capacidad de proteger su salud de forma eficaz.

Las preguntas sin respuesta

Tras meses de análisis que detectaban agua no apta, comunicaciones tardías o inexistentes, y competencias que se solapan sin que nadie asuma el liderazgo, quedan preguntas fundamentales sin respuesta:

¿Cuántas personas estuvieron realmente bebiendo agua contaminada durante estos meses? ¿Se proporcionó efectivamente suministro alternativo en todos los casos? ¿Por qué la información del SINAC no se actualiza para reflejar las supuestas mejoras? ¿Qué garantías existen de que estos problemas no se repetirán?

PRODESTUR responde que las soluciones "dependen de los acuerdos adoptados" y que las inversiones necesarias "dependerán de la situación de cada ayuntamiento". La Junta deriva responsabilidades hacia los municipios. Los ayuntamientos, muchos sin recursos técnicos, intentan gestionar como pueden un problema que les supera.

El agua como síntoma

El caso del agua en el nordeste de Segovia es, en realidad, el síntoma de un problema más amplio: la dificultad del Estado para gestionar eficazmente los servicios públicos básicos en el medio rural. Competencias fragmentadas, recursos escasos, poblaciones dispersas y administraciones que se echan la culpa unas a otras mientras los ciudadanos quedan en medio.

En un país desarrollado del siglo XXI, que más de 1.000 personas hayan tenido que vivir durante meses con agua no apta para el consumo —y que nadie sepa explicar con claridad cómo se ha solucionado el problema— dice mucho sobre las deficiencias de nuestro sistema administrativo.

Los datos están en el SINAC, accesibles para quien quiera consultarlos. Pero la confianza, una vez perdida, es mucho más difícil de recuperar que normalizar un análisis de laboratorio.




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El incendio de Tarragona aflora los déficits de servicios y el choque cultural que sufren los municipios rurales

 



Tras el rojo llameante del fuego, el gris tiñoso de la ceniza. Los municipios del sur de Tarragona afectados por el incendio que, durante dos días, ha galopado a toda mecha por el monte propulsado por fuertes ráfagas de viento se dedicaban este miércoles a hacer balance de daños. Por la tarde, el incendio entró en fase de estabilización: “Es una fase muy básica. No lo tenemos ni controlado ni mucho menos extinguido”, especificó el jefe de intervención de los Bomberos de la Generalitat Joan Rovira, y explicó que se ha logrado establecer un perímetro para que el fuego no se mueva más allá de esta zona.

El balance numérico habla de 3.300 hectáreas abrasadas y larguísimas horas de confinamiento para 18.000 vecinos de Paüls, Alfara de Carles, Aldover, Tivenys, Xerta, Jesús, Bítem, Roquetes, Pinell de Brai o Prat de Comte, pero el daño desborda las cifras y destapa las vulnerabilidades de un territorio, las comarcas de las Terres de l’Ebre, ruralizado, perjudicado por la falta de infraestructuras y diezmado por el envejecimiento: el año pasado, cuando buena parte de Cataluña ganaba población, se registró pérdida de habitantes en 22 de sus 52 municipios, un 42,3%. “Estamos acostumbrados a que solo se hable de nosotros cuando hay desgracias, luego volvemos al olvido”, exclamaba este martes Ivan Garcia, alcalde de Roquetes.

Paüls, el pueblo donde se inició el fuego, es uno de los que más padece las deserciones: 11 vecinos menos en 2024, para dejar el censo en medio millar escaso. “No siempre fue así. Hubo tiempos en los que éramos más. Cuando yo tenía 12 años aquí vivíamos 1.000 personas”, comenta Ramon Pons, de 81 años. “De aquí todo el mundo se va”, lamenta Joan Lluís Celma, de 82 años. Vive solo y el lunes se enteró de que su pueblo estaba rodeado de llamas porque un vecino aporreó su puerta para avisarle. “Llevo aparatos para la sordera pero cuando estoy en casa me los quito porque me pican las orejas”, cuenta. Explica que durante años de su juventud, hasta que cumplió los 22, pastoreó un rebaño de 130 cabras por Els Ports, un esplendoroso macizo que abre la puerta a más de 30.000 hectáreas de parque natural. “Hasta que nos forzaron a todos los pastores a dejarlo”, recuerda. “Recogemos lo que sembramos. Echaron de Els Ports a los pastores y a la gente que vivía en las masías y los bosques están descuidados”, añade Josep Gracià, también vecino de Paüls.

“Aquí nos tienen abandonados. Cataluña es Barcelona y Girona, el resto no pintamos nada”, se quejaba parado delante de su huerto Santiago Gavaldà, un jubilado que durante 13 de sus 75 años vivió en el Prat de Llobregat y trabajó de taxista en Barcelona.

Paüls ha sido el último municipio en quedar desconfinado y este miércoles por la mañana, dos días después del inicio del incendio y cuando los Bombers de la Generalitat ultimaban una comparecencia para declarar que habían conseguido estabilizar la evolución del fuego, los vecinos seguían sin cobertura telefónica y con la serpenteante carretera de acceso al pueblo cortada al tráfico. “Quien tenga internet en casa que lo comunique al ayuntamiento, necesitamos vías de comunicación con el exterior”, se anunciaba a modo de bando por los altavoces que cuelgan de las calles principales.

El relato más dominante en Paüls expone que, cuando los hijos crecen, no se quedan en el pueblo. Pero unos se van y otros buscan venir. Cerca de la plaza del ayuntamiento, un rostro juvenil cruza la calle. Tiene 41 años y se llama Matilda. Es natural de Polonia y hace apenas dos semanas que se compró una finca en las afueras del pueblo. Destaca que la belleza del lugar la encandiló para poder escapar de Barcelona, donde acostumbra a residir. “Esto no está tan lejos”, dice. “Entre coger el coche y tardar dos horas y media en venir aquí o irme a la Costa Brava, lo tengo claro. No quiero ir a un lugar masificado”, explica.

Matilda introduce el término “expats” para referir que en Paüls, una parte de la franja joven, corresponde a gente que no tiene raíces en el pueblo. Jonas es un danés que alquiló, junto a su mujer y un bebé, una casa rural para pasar una semana en Els Ports. El fuego le ha alterado las vacaciones pero encontró calma, y a alguien con capacidad de explicarle bien la situación en inglés, en casa de Jacob Cordover, un guitarrista australiano que se instaló en Paüls hace cinco años. Su casa ha sido de las pocas que conservaba la conexión a Internet durante el incendio y, ante el portal, acudían los vecinos para usar el wifi. Este miércoles a mediodía, una vecina pasó a entregarle una bandeja de pastissets de chocolate. Jacob se ha encargado estos días de actuar de enlace con la gente que vive en masías diseminadas, varios de ellos extranjeros, y pedirles que buscaran cobijo seguro en los momentos más angustiosos del incendio: “el martes a la hora de comer, en la mesa de mi casa había nueve nacionalidades distintas”, cuenta.

El alcalde de Paüls es Enric Adell. Este miércoles reconocía el fastidio que suponía para los vecinos ser el único municipio aún confinado pero subrayaba que la explicación cabía buscarla en la dinámica del propio fuego: “Para acceder a los dos focos más resistentes, los equipos de emergencias solo pueden llegar a través de la carretera de Paüls, y no vamos a colapsar la carretera con coches arriba y abajo”. Protección Civil señaló a media mañana que el confinamiento era “permeable” y a la patrulla de Mossos d’Esquadra que vigilaba quien entraba y salía del pueblo se le multiplicó la faena. Paso libre tuvo un coche fúnebre que subía del tanatorio de Tortosa para oficiar un entierro.

El alcalde tuvo que interrumpir sus vacaciones para regresar al pueblo en pleno incendio y señala que la dirección del viento ha sido crucial: “En los momentos más críticos el viento empujó en dirección contraria y a nosotros no nos llegaba ni el humo. Si llega a girar la dirección, nos arrasa”, señala. Admite que los núcleos afectados por la pérdida de población padecen la falta de servicios y atenciones, pero identifica otro elemento clave: “somos poca gente, pero tampoco se ha ayudado para nada a aquellos que se dedicaban a cultivar las tierras y a cuidar los bosques. La cantidad de masa forestal que nos rodea es inabarcable y en este caso ha quedado patente el efecto bien distinto que ha tenido el paso del fuego allí donde la tierra está abandonada en comparación con las fincas que están trabajadas”.





miércoles, 9 de julio de 2025

¿Qué necesitan hoy quienes ya viven aquí?


En la mayoría de los planes para revitalizar el medio rural, se habla de atraer, repoblar, impulsar nuevas oportunidades… 

Pero, ¿y si antes de todo eso nos detuviéramos a hacer una sola pregunta esencial?